En marzo del 2017, el entonces subgerente general del BCR, Leonardo Acuña, recomendó seguir girando recursos a la importadora de cemento Sinocem Costa Rica, de Juan Carlos Bolaños, bajo el alegato de que se debía "mantener la estabilidad" de ese negocio pues, de lo contrario, el banco podría sufrir un impago en las líneas de crédito concedidas a Sinocem, que a junio de este año debía $25 millones.
En agosto, Acuña sustituyó de manera interina a Mario Barrenechea en el Gerencia General del Banco de Costa Rica (BCR), cuando este último fue suspendido. Ahora, ambos descuentan tres meses de prisión preventiva por un aparente delito de peculado, bajo el supuesto de que facilitaron la extracción de fondos públicos en favor de Bolaños.
LEA MÁS: Alta gerencia del BCR indagada por ‘facilitar sustracción de dinero’
La denuncia gira en torno a las dos líneas de crédito, con un tope de $30 millones, que el Banco le otorgó Bolaños, a través de Sinocem, a finales del 2015.
"Es mi criterio que el BCR debería proceder con el desembolso a este cliente ya que mantener su estabilidad en este momento es esencial para mitigar los diferentes riesgos asociados a nuestra exposición crediticia ya asumida y con ello, evitar que se puedan más bien incrementar y/o materializar", señaló Acuña.
Así respondió a un correo electrónico que le envió la ejecutiva adjunta corporativa, Bettina Rivero, el 3 de marzo pasado, en el cual ella sugirió que se le solicitara más documentación a Bolaños sobre las importaciones de cemento, antes emitir un nuevo giro.
En esa comunicación, él reconoce que Sinocem tiene “una situación altamente ajustada del flujo de caja” y alega que detener los giros podría afectar la situación de Bolaños en el corto plazo.
"Me lleva a pensar que el cliente podría ver afectada su situación en el corto plazo, incluyendo el potencial cumplimiento de obligaciones a terceros. Esto no sería para nada bueno para el riesgo que el BCR ya ha asumido con este cliente".
"La sana prudencia bancaria debe considerar en toda relación comercial la buena fe de las partes, al menos hasta que no se compruebe lo contrario. Hasta este momento y considerando la información y conocimiento que el BCR tiene de este cliente, no encuentro razón, motivo o evidencia clara o contundente para que consideremos que nuestro cliente no esté actuando de buena fe con el BCR", redactó Leonardo Acuña.
Incluso, ante los nuevos requerimientos pedidos por Rivero, Acuña le pidió que le explicara las razones por las cuáles se estaban ampliando los requisitos, al tiempo que la interpeló por pedirle asesoría al Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Entre otras cosas, ella le respondió: "Existía una línea de crédito en el Banco Popular —próxima a vencer—, para ese momento, y donde el cliente manifestó en diversas oportunidades que le urgía el dinero, situación que nos hace ser más precavidos por el tipo de operaciones comerciales, considerando además, que dentro de este financiamiento hay partes que no residen en Costa Rica, lo cual se convierte en temas complejos de verificación a análisis", dijo Rivero.
Ese correo fue remitido a Marvin Corrales, Mario Barrenechea, Andrés Víquez y Rodrigo Ramírez, cuatro de las siete personas detenidas también por el supuesto delito de peculado.
