San José
El presidente Luis Guillermo Solís llamó a la calma a los sindicatos, este jueves, con el argumento de que el proyecto para ordenar el pago de pluses salariales en el sector público aún está en proceso de diálogo.
Por tanto, Solís solicitó a los gremios que no protesten en las calles. Declaró que el Gobierno no respaldará decisiones sobre pluses que se tomen "al margen de una discusión razonable".
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Desde que el miércoles pasado el Gobierno puso a consulta de las fracciones legislativas y de los bloques sindicales el borrador del proyecto de ley, los sindicatos y el Frente Amplio anunciaron que se opondrán a esa iniciativa, la cual prepararon la diputada Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN) y el Poder Ejecutivo durante los últimos 12 meses.
Solís les pidió a esas fuerzas sociales políticas paciencia, mientras avanzan las conversaciones.
"Es un diálogo sobre empleo público que está todavía en proceso. Aquí no hay nada cerrado. Los señores diputados tienen que tomar posiciones al respecto. Nosotros (el Poder Ejecutivo) hemos dicho que se necesita ese diálogo y que no puede haber decisiones que se tomen al margen de una discusión razonable sobre los espacios que tiene el movimiento social", dijo Solís.
El presidente pidió a todos los actores gremiales y políticos aguardar a que se agoten todas las herramientas de diálogo para lograr un consenso en torno a la reducción de los pluses que se les pagan a los empleados del Gobierno Central.
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"Creo que la protesta sigue siendo un derecho democrático, pero me parece que, antes de llegar a ese tipo de medidas, se tienen que agotar todos los mecanismos y no creo que se hayan agotado por el momento. Así es que respeto las declaraciones de todos los gremios que hacen anuncios en ese sentido, pero creo que, en estos momentos, no proceden en medio de una negociación que no ha concluido ni está cerrada", manifestó el gobernante.
Se trata de la propuesta que, entre otras cosas, equipararía el pago de anualidades en el sector público a un 2,56% para empleados excelentes y 1,94% para los muy buenos. Esos son los mismos rangos que hoy se pagan en los ministerios. En cambio, en otras instituciones, como la Junta de Protección Social (JPS) y la Universidad de Costa Rica (UCR) los salarios base suben hasta un 6% por cada año trabajado.
Esta semana, la bancada del Frente Amplio aseguró que el Gobierno y la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) "traicionan a los empleados públicos" con el proyecto para regular el pago de beneficios.
Esta es la primera vez que Solís se refiere a la discusión del proyecto sobre el plan de empleo público, el cual la oposición pone como condición para empezar a discutir los impuestos con los que el Poder Ejecutivo pretende reducir el déficit fiscal, que cerraría alrededor de un 6% del producto interno bruto (PIB) al finalizar el 2016.
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El Gobierno impulsa una reforma al impuesto sobre la renta y otra al impuesto sobre las ventas para convertirlo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El objetivo es recaudar al menos un 3% del PIB adicional por año.
Según la oposición, si no se le pone un límite al gasto del Gobierno central, incluido el pago de remuneraciones que incluyen los pluses, de nada valdría aprobar los proyectos para acarrear recursos frescos al erario.
El Poder Ejecutivo propuso tres mociones para impulsar por la vía rápida, en paralelo, el plan para ordenar los pluses como anualidades, dedicación exclusiva y prohibición, entre otros, junto con los proyectos para crear el IVA y para gravar a las sociedades anónimas inscritas ante el Registro Nacional.
En cuanto al recorte en el gasto en pluses salariales, la mayoría de la fracción del PAC apoya al Gobierno. Con esa tesis también están los legisladores del PLN, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario y la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).