Luego de dos años de trámite legislativo, los diputados aprobaron, la tarde de este lunes, el proyecto de ley para exonerar de impuestos los vehículos eléctricos.
El plan tuvo 38 votos a favor y solamente dos en contra, de los frenteamplistas Jorge Arguedas y José Ramírez.
El objetivo principal de la iniciativa es que, con esos incentivos, se incremente la importación de una mayor variedad de esos autos y se disminuya la factura petrolera del país.
Específicamente, el proyecto autoriza al Estado para que no cobre los impuestos a los vehículos totalmente eléctricos que cuesten menos de $30.000 (¢17,4 millones).
A partir de ese monto, la iniciativa aprobada fija tramos en los que se establece cobros tributarios diferenciados, de acuerdo con el costo del auto.
Actualmente, la compañía Hyundai ofrece, en su página web para Costa Rica, el vehículo Ioniq, a un costo de $29.000 (¢16,8 millones).
Según la tasa que actualmente se cobra por los impuestos de ventas y selectivo de consumo, ese tipo de vehículos paga un 17,4%. En ese caso, un auto que cueste $30.000 antes de su entrada al país, terminaría pagando $35.220 (¢20,4 millones) con todo y los impuestos.
Aparte de esos incentivos fiscales, el proyecto autoriza a las instituciones públicas a sustituir su flotilla vehicular con autos impulsados totalmente con “energía ciento por ciento eléctrica”.
Antes de que se aprobara la iniciativa en primer debate, los congresistas aprobaron una moción de Otto Guevara que introdujo un cambio en el artículo 2 del proyecto, para desterrar los vehículos usados de la propuesta.
Con el proyecto, se declara “de interés público” la promoción del transporte eléctrico, tanto público como privado, con tal de que se logre sustituir también la flotilla de autobuses.
Entre las regulaciones que se introducen, se fijan las obligaciones de los ministerios de Ambiente y Energía (Minae) y el de Obras Públicas y Transporte (MOPT), además de que establece las obligaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para que capacite los futuros mecánicos de estos vehículos.
A las personas que compren vehículos eléctricos se les exonerará de los impuestos de ventas, selectivo de consumo y aduanero por una única vez.
El proyecto establece que los vehículos cuyo costo en aduanas sea máximo $30.000 no pagarán ninguno de esos impuestos.
Los vehículos que cuesten entre $30.001 y $45.000, pagarán la mitad del tributo sobre las ventas, el 75% del selectivo de consumo y no pagarán los aduaneros.
En tanto, los autos que tengan valores entre los $45.001 y los $60.000, deberán cancelarle a Hacienda todo el impuesto de ventas y la mitad del selectivo de consumo; el aduanero no lo pagarán.
Los vehículos con precios superiores a los $60.001 no gozarán de ninguna exoneración, ni del tributo sobre las ventas, ni sobre el consumo ni el aduanero.
Para suplir la eventual demanda de energía, el proyecto establece que el Minae debe velar porque se construyan centros de recarga, conocidos como “electrolineras”, cada 80 kilómetros en carreteras nacionales y cada 120 kilómetros en los caminos cantonales.
Aparte de la iniciativa para exonerar de impuestos, también el plan implica incentivos tributarios en el pago sobre la renta para empresas que vayan, poco a poco, sustituyendo sus vehículos por eléctricos.
Frente Amplio, con dudas
La votación se atrasó por algunas horas, principalmente porque varios legisladores del Frente Amplio hablaron en contra y criticaron varios aspectos del proyecto.
Frenteamplistas como José Ramírez y Jorge Arguedas criticaron que se trate de un plan para incentivar la compra de vehículos a los que solo pueden acceder “los ricos”, pues alegaron que este tipo de autos tiene costos altísimos.
Arguedas aseguró que es más importante definir en el país una matriz energética y no dar “pequeños pasos” como la aprobación de ese proyecto.
"Yo al Gobierno no le apruebo un proyecto más. Esto se jodió, porque el Ejecutivo no tiene interlocutores con los diputados, porque hasta donde yo sé, era Víctor Morales Zapata", comentó Arguedas.
Una de las principales impulsoras de la iniciativa, la legisladora Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que se trata de una ley pionera en la región centroamericana y añadió que permitirá colaborar para alcanzar la "descarbonización de la economía con energías limpias".
"Debemos implementar medidas agresivas de transición energética, y este proyecto es parte de esa agenda de descarbonización", comentó la congresista.
"Estamos planteando una política de Estado en materia de transporte eléctrico con una ley integral, que incluye incentivos económicos e incentivos no económicos, y que además estructura la red de centros de recarga", añadió Franklin Corella, el otro proponente de la iniciativa.