El Ministerio Público está allanando en este momento las casas de los exdiputados Víctor Hugo Víquez y Wálter Céspedes, del PLN y del PUSC, respectivamente, en busca de pruebas por un presunto tráfico de influencias en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
A la misma vez, las autoridades judiciales recaban evidencias en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en Pavas, San José, institución con la cual el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, llegó tener contratos por ¢6.870 millones entre el 2008 y el 2017.
El Ministerio Público trata de esclarecer si hubo gestiones indebidas (tráfico de influencias) en favor de dos empresas de JCB: Sinocem y Maquinaria y Alquiler S. A.
En el caso de Víquez, el allanamiento se produjo a las 8 a. m. cuando al menos 16 oficiales ingresaron a su vivienda en Heredia centro. Él estaba dentro de la casa cuando ocurrió.
Así lo relató Deborah Robleto, quien trabaja con Víquez: "Estaba abriendo el portón en el lado de la cochera. De sorpresa, llegaron los policías. Les pregunté qué se les ofrecía y dijeron que era un allanamiento, preguntaron por don Víctor. Me dijeron que si les podía abrir, yo les dije que no, que tocaran el timbre y que él iba. Él abrió y les preguntó qué se les ofrecía, la Policía le dijo que era un allanamiento y que si les podía abrir. Él dijo que sí, entonces les abrí, todos estraron como Pedro por su casa".
Víquez estuvo anoche en Pérez Zeledón, en el partido de fútbol entre el equipo local y el Herediano.
En cuanto a Céspedes, la operación tiene lugar en Batán, Limón.
Recientemente, Víctor Hugo Víquez debió renunciar a su candidatura a legislador para el 2018 debido a que, en el 2013, se puso en contacto con la entonces presidenta ejecutiva de la CNE, Vanessa Rosales, para pasarle un mensaje de Bolaños en torno a un concurso de obra de la CNE por el que el empresario estaba concursando.
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El Ministerio Público confirmó que la investigación se relaciona con aparentes acciones desplegadas por los exlegisladores para influir en la expresidenta de la CNE para dar ventajas indebidas y contrataciones al empresario Bolaños Rojas y sus empresas.
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, dirige las acciones y al equipo de fiscales desde su despacho, ya que, al no existir involucradas personas con fuero especial (inmunidad), resulta innecesaria su presencia física en los allanamientos.
En la CNE, los oficiales llegaron en una decena de autos. Los agentes entran y salen de las oficinas de la institución. Allanaron despachos de Presidencia, Secretaría y Proveeduría.
El caso de Víquez
En el año 2013, la Auditoría Interna de la CNE denunció al entonces diputado Víquez por haberle enviado mensajes a la entonces presidenta ejecutiva de esa institución, Vanessa Rosales, en apoyo al empresario Juan Carlos Bolaños.
Bolaños aspiraba a ganar un contrato de obra pública que estaba por adjudicarse: las obras de estabilización de taludes en el camino entre Ciudad Colón y El Rodeo de Mora. Víquez le hizo llegar a Rosales un conjunto de cuestionamientos que afectaban a un competidor del empresario que hoy está en prisión preventiva.
Vanessa Rosales le advirtió al político que lo que él hizo la comprometía a ella y la obligaba a apartarse de ese concurso. El diputado, entonces, le respondió que, “debido a que ayuda al Partido Liberación Nacional, (Bolaños) quiere las cosas a como dé lugar, y que él cayó en su juego”.
La denuncia sobre un supuesto tráfico de influencias se presentó ante la Procuraduría de la Ética. Si bien la Procuraduría dio por ciertos los mensajes, la denuncia se desestimó porque no se consumó el hecho.
Cuando estos hechos trascendieron, este año, Antonio Álvarez Desanti le pidió a Víquez renunciar a su aspiración a ser diputado en la papeleta del PLN por Heredia.
El caso de Céspedes
En el caso de Céspedes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción reabrió una investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias, el pasado 19 de setiembre.
Se trata de la causa 16-000013-00033-TP en la que también es investigado el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien descuenta tres meses de prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián.
Las pesquisas se basan en una denuncia anónima de junio del 2015, en la que se asegura que Céspedes, aprovechando de su cargo de asesor parlamentario del PUSC, "realizó la tarea de influir en su grupo político" en común acuerdo con los diputados Otto Guevara Guth (Moviemiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (independiente, pero que fue del PAC) para realizar gestiones en favor de los negocios de Bolaños.
"Unieron esfuerzos para asegurar al coinvestigado Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de la empresa Sinocem Costa Rica, que no iba a tener ningún impedimento formal o de trámite aduanal para constituirse en importador de cemento”, reza la denuncia.
En particular, se menciona un presunto asocio ilícito para "sacar adelante" una reforma a un reglamento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para permitir la importación de cemento chino con más de 45 días de fabricación.
Céspedes también es cuestionado por enviar, entre el 2010 y el 2012, al menos 12 oficios a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) solicitando información sobre gestiones relacionadas con empresas de Bolaños.
Por ejemplo, el 29 de setiembre del 2010, en el oficio JPUSC-WCS-231-09-10, indicó que conoció a Bolaños en un tope en Pococí y este le comentó que estaba negociando con la CNE la rescisión del contrato de construcción de la ruta 36, en Limón.
Con respecto al accionar de Céspedes, los diputados de la comisión especial investigadora de créditos bancarios concluyó: "Los múltiples oficios relacionados con obras a cargo de Juan Carlos Bolaños, enviados por el señor Wálter Céspedes a la señora Vanessa Rosales, expresidenta de la CNE, muestran presiones de parte del exdiputado que procuraban alcanzar beneficios para el señor Bolaños, con lo que podría estar incurriendo en un incumplimiento al deber de probidad. A ello se suman las múltiples llamadas telefónicas entre Bolaños y Céspedes, que demuestran la existencia de una relación entre ambos".
La Fiscalía desestimó la causa en marzo alegando falta de pruebas, sin tomar en cuenta que un informe del OIJ detectó 291 contactos telefónicos entre Céspedes y Bolaños de mayo del 2014 a enero del 2015.
Luego, el caso fue reabierto.