Fiscalía alegó 'daño a la institucionalidad del país' para pedir prisión en caso del cemento chino

En el alegato presentado ante el Juzgado de Turno Extraordinario, los fiscales que presentaron el caso sobre la obtención de créditos para la importación del cemento chino, afirmaron también que, por la pena para el delito que se les imputa a Bolaños, Barrenechea y los demás, era necesario imponer la medida.

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Las investigaciones del Ministerio Público se centran en comprobar la comisión de delitos en torno al otorgamiento de una línea de crédito del BCR por $30 millones para que las empresas de Bolaños importaran cemento desde China.

Inicialmente, consideran la existencia de peculado, que el Código Penal sanciona con hasta 12 años de prisión. Incurre en esa conducta quien distrae o sustrae fondos públicos dados para su administración en función del cargo.

Para la Fiscalía, además, hay riesgo de fuga de todos los imputados dada la alta capacidad económica que poseen.

Para el caso específico de Bolaños, se le pidió a la jueza tomar en consideración la “falta de arraigo laboral”.

Aparte de peculado, a Bolaños se le acusa de tráfico de influencias, simulación de delito y denuncia calumniosa.

A Barrenechea y los demás funcionarios del Banco solamente se les imputa el peculado, porque supuestamente facilitaron la sustracción de dineros públicos.

“Sus condiciones económicas facilitan sus salidas del país, así como la alta pena a imponer, la magnitud del daño causado, por afectación a la institucionalidad del país, ya que son altos jerarcas de un banco estatal de renombre y trascendencia”, alegó la Fiscalía para pedir la prisión preventiva en el caso de los banqueros.

Peligro de obstaculización

En la situación específica de Barrenechea Coto, Corrales Barboza, Víquez Lizano, Acuña Alvarado, Ramírez Rodríguez y Barrantes Campos, la Fiscalía adujo que, por “tratarse de personas con alto poder y jerarquía” en el BCR, podrían obstaculizar la investigación.

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“Lo que permitiría que pudieran influir para que personal subalterno no preste colaboración a las autoridades o, de ser requeridos, puedan desaparecer prueba para el caso”, expusieron los fiscales.

Originalmente, la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva contra los siete imputados, pero el Juzgado de Turno Extraordinario impuso solamente tres meses. La decisión fue tomada el sábado, luego de 18 horas de audiencia.

Aunque de manera inmediata la defensa apeló verbalmente, la gestión se deberá estudiar esta semana, una vez que el Tribunal Penal de Hacienda lo remita al Tribunal de Apelaciones.

Este lunes, Mario Barrenechea será enviado a un Centro de Atención Institucional (CAI) para presos adultos mayores, debido a que tiene 68 años. Esa prisión se encuentra en el complejo penitenciario La Reforma.

En el caso de Bolaños y los demás gerentes, deben esperar su ingreso al CAI de San José, en San Sebastián, para ser ingresados, por detrás de otros 40 presos.