Los diputados votaron este jueves, al filo de la medianoche, el proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, luego de cinco horas y media de discusiones sobre ese tema específico y en una sesión de casi nueve horas.
El proyecto tuvo el voto favorable, a las 11:47 p. m., de 41 legisladores; 11 votaron en contra.
Los votos negativos fueron de los ocho frenteamplistas, los independientes Carlos Hernández y Carmen Quesada, así como la libertaria Natalia Díaz.
Es la segunda vez que los legisladores aprueban una iniciativa para modernizar la Ley de Aguas actual, vigente desde 1942, luego de una aprobación que se dio en marzo del 2014 y que se cayó en la Sala Constitucional.
Sin embargo, esta vez el contenido del expediente es diferente, luego de que a las 10:35 p. m. de este jueves se aprobara un texto sustitutivo propuesto por el liberacionista Juan Marín, en conjunto con las cámaras agropecuarias y agroindustriales, con el apoyo del PLN, el PAC, el PUSC y el Movimiento Libertario.
La oposición vino, exclusivamente, de los diputados del Frente Amplio, quienes atacaron la iniciativa porque dijeron que hay un interés de acallar la participación ciudadana y favorecer las voces empresariales en la nueva legislación.
Gonzalo Ramírez, el presidente legislativo, tomó la decisión de fijarle un plazo fatal a la votación de la nueva ley de aguas, porque es un expediente presentado en el Congreso por iniciativa popular (firmas de 150.000 costarricenses) y cuyo plazo de trámite parlamentario venció hace tres años.
El contenido del proyecto cambió porque, el lunes pasado, una decisión de los diputados devolvió el proyecto a los trámites previos a la votación del primer debate y eso permitió la presentación de una gran cantidad de mociones de fondo, entre ellas la nueva versión del texto sustitutivo, propuesta por Marín.
Derecho humano y nuevas sanciones
La intención de la nueva legislación es, principalmente, garantizar el acceso al agua potable de calidad como un derecho humano, actualizar las penas por explotación ilegal del recurso, específicamente de actividades como la excavación ilegal de pozos y la contaminación de aguas.
A diferencia del plan aprobado en marzo del 2014, la nueva versión de la iniciativa elimina los artículos que hacían referencia a la construcción participativa en la formulación de la política, los planes y los reglamentos técnicos de la nueva ley de aguas.
Además, se eliminan los artículos referidos a los consejos de unidad hidrológica, descritos originalmente como órganos de participación intersectorial para vigilar la aplicación de la ley.
El nuevo texto de la ley devuelve a un radio de 100 metros la protección alrededor de las nacientes, pero elimina la protección que se hacía ladera arriba de los yacimientos de agua.
También se elimina, en la versión de Marín y compañía, los párrafos donde se establecía la protección de zonas aledañas a manantiales, ríos, quebradas o arroyos intermitentes.
Sobre este punto específico, el Frente Amplio reclamó que no se proteja las fuentes de agua que aparecen durante la estación lluviosa, en la nueva legislación.
La nueva versión del proyecto recibió el apoyo público del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).