La Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, que indagó los casos del cemento chino y de Coopelesca, urgió la aprobación de 13 reformas en leyes y en la Constitución Política para cerrarles portillos a la corrupción y a la impunidad en las altas esferas de la función pública.
Las modificaciones propuestas tocarían a los miembros de los tres poderes de la República, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, al igual que a los bancos públicos.
Los nueve integrantes de la Comisión coincidieron en la necesidad de evitar que particulares como el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, creen “redes de contactos políticos” en beneficio propio y de sus negocios.
Para cerrar ese portillo, propusieron impulsar reformas para regular el lobby político (conversaciones de personas o grupos con ciertos intereses con altos funcionarios), así como crear un régimen para sancionar las faltas éticas de los diputados.
Desde hace siete años, la Sala IV ordenó al Congreso aprobar un mecanismo para castigar congresistas, pero no lo ha hecho.
Otra sugerencia fue limitar la inmunidad de los miembros de supremos poderes, como diputados y magistrados, de manera que esta no los proteja ante delitos comunes.
El informe también advierte de la urgencia de aprobar la ley contra el nepotismo, la cual impediría que los legisladores sigan nombrando familiares en el Congreso.
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En cuanto al Poder Judicial, la Comisión consideró necesario prohibir la reelección consecutiva e indefinida de los magistrados. En su lugar, proponen designarlos para un único periodo de nueve años, como lo había propuesto la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano. Actualmente, estos altos jueces son nombrados por periodos de ocho años que pueden ser renovados sin límite.
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De igual forma, los diputados recomendaron que la Corte Plena delibere en público, y no en sesiones privadas, los casos de presunta corrupción de los magistrados.
Sobre el Poder Ejecutivo, pidieron hacer vinculantes los informes de la Procuraduría de la Ética sobre los directivos de los bancos públicos. El Consejo de Gobierno, integrado por el presidente y sus ministros, estaría obligado a acatar las recomendaciones.
Asimismo, proponen reformas para asegurar la ideoneidad de los miembros que el Consejo de Gobierno coloca en las juntas directivas de los bancos públicos.
Con las 13 reformas propuestas, los diputados pretenden impedir que en el futuro se vuelvan a presentar anomalías con el otorgamiento de créditos en el sistema financiero nacional.
Repase en detalle cada una de las reformas propuestas en el informe de la comisión especial investigadora, la noche del lunes:
1. Contra la competencia desleal: Reformas a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº. 7472) en eras de que se establezca una estructura de investigación de mercados y así poder hacer más transparente la competencia.
2. Ruptura de consorcios: Reformar Ley de Contratación Administrativa (Nº. 7494) para establecer que, en caso de que un consorcio de empresas gane un contrato, el Estado puede declarar desierta la adjudicación si el aglomerado se desintegra.
3. Régimen de probidad para diputados: Reformas a la Constitución Política y al Reglamento de la Asamblea Legislativa para que la violación al deber de probidad implique el retiro de credenciales para los diputados, en acatamiento a un fallo de la Sala IV de hace siete años.
4. Regular inmunidad a miembros de los supremos poderes: Reformar la Constitución Política para que la inmunidad de los miembros de los supremos poderes no los cubra ante causas sobre delitos comunes.
5. Regulación del cabildeo político: Reformas a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para regular el cabildeo político en la Asamblea Legislativa, a fin de impedir que esas acciones pueden dar lugar a actos de corrupción o el ejercicio de la figura conocida como “influencias indebidas”.
6. Parlamento abierto: Apoyar la política de parlamento abierto.
7. Ley contra el nepotismo: Aprobar el proyecto de ley para prohibir el nombramiento de familiares de legisladores en el Congreso.
8. Informes vinculantes de la Procuraduría: Hacer vinculantes las resoluciones de la Procuraduría de la Ética en materia de nombramiento de miembros de las Juntas Directivas.
9. Idoneidad de miembros de juntas directivas: Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para asegurar la idoneidad de los miembros de las juntas directivas y gerentes del sistema bancario nacional, en acatamiento a las políticas de gobierno corporativo.
10. Reformas en reglamentos bancarios: Solicitar a las juntas directivas de los bancos públicos que, cuando se realice un cambio en cuanto a requisitos para nombramientos, mediante directrices, reglamentos o cualquier normativa, esas modificaciones no entren en vigencia sino hasta un año después.
11. Impedir destrucción de grabaciones: Reforma a la Ley del Sistema Nacional de Archivos para impedir la destrucción de las grabaciones de las sesiones de las juntas directivas de los bancos.
12. Hacer públicas las sesiones de Corte Plena: Reformas al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al 360 del Código Procesal Penal y al 165 de la Constitución Política, para establecer que son públicas las sesiones de Corte Plena donde se delibere sobre causas contra magistrados por delitos de corrupción, tráfico de influencias y faltas al deber de probidad.
13. Eliminar la reelección de magistrados: Reformar la Constitución Política para establecer que los magistrados se pueden elegir por un único periodo de nueve años. Actualmente, son electos por ocho años con la posibilidad de reelección indefinida. Esta modificación surge por una recomendación de la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.