La Auditoría Interna del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) denunció el freno de procesos de cobro judicial contra varias cooperativas ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público.
Guillermo Calderón Torres, auditor interno del ente cooperativo confirmó a La Nación a través de un correo electrónico que la denuncia se interpuso después de un proceso de investigación sobre las circunstancias en las que la Dirección Ejecutiva y la Gerencia de Financiamiento del Infocoop detuvieron, en marzo pasado, la ejecución de garantías de varias cooperativas con largos periodos de morosidad en los pagos de sus créditos con el Instituto.
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"Esta Investigación generó una denuncia de esta Auditoría ante la Fiscalía adjunta de Probidad, transparencia y Anticorrupción; Primer Circuito Judicial de San José. Es todo lo que podría indicarle al respecto, dado que ya el tema pasó a instancias judiciales, y corresponderá a esa fiscalía determinar lo correspondiente", se limitó a contestar el auditor ante una consulta de este diario.
Millones en mora
Entre las empresas beneficiadas con la paralización del proceso de cobro judicial están cuatro cooperativas ligadas al dirigente Rodolfo Navas, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien gerencia el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).
Esa empresa, según el propio Navas, sirve de nodo para controlar al Grupo Empresarial y Cooperativo de Servicios Educativos (Gecse), a la Unión de Cooperativas de Servicios a Empresas de la Economía Social (Unicoop), al Consorcio Cooperativo Hotelero (CCH) y a La Catalina R.L.
A octubre pasado, entre las cuatro empresas le debían al Infocoop ¢3.280 millones por concepto del principal, intereses vencidos y moratorios.
Pero no siempre las cooperativas de Navas fueron favorecidas con el freno del remate de las propiedades que pusieron a responde para obtener créditos del Infocoop.
A mediados de febrero de este año, el entonces director ejecutivo interino, Rónald Fonseca, ordenó iniciar el cobro judicial contra La Catalina, Unicoop y Gecse. En ese momento, la primera empresa tenía 206 días en mora, la segunda hasta 220 días y la última hasta 344 días sin cancelar sus cuotas mensuales.
Sin embargo, a finales de ese mes, Casa Presidencial ordenó intervenir al Infocoop, suspendió a los cuatro representantes del movimiento cooperativo en la Junta Directiva y designó a dedo a otros cuatro, más los tres del Poder Ejecutivo que se mantuvieron el órgano de dirección.
Esa junta interventora destituyó, a principios de marzo, a Rónald Fonseca y nombró como nuevo director ejecutivo interino al periodista Gustavo Fernández.
Este último, tan solo tres semanas después de asumir el cargo, aprobó las solicitudes de la Gerencia de Financiamiento para frenar los procesos de cobro contra las cooperativas ligadas a Rodolfo Navas.
Este jueves, durante una conferencia de prensa en la que se anunciaron los avances de la intervención, Fernández reconoció que frenó el cobro judicial contra Gecse con el argumento de que el Instituto quería salvar la universidad cooperativa Fundepós, la cual administra esa empresa.
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Solo Gecse le adeuda al Infocoop ¢1.119 millones y, según la Gerencia de Financiamiento, una de las razones para pasarla a cobro judicial en febrero pasado fue que su Junta Directiva acordó vender o alquilar las propiedades que respaldaban el fideicomiso de garantía que responde por el crédito financiado con recursos públicos.
Aun así, la Direccción Ejecutivo, bajo el mando de Fernández, dejó sin movimiento el cobro judicial a lo largo de ocho meses, hasta que el pasado jueves el Infocoop decidió reactivar el cobro judicial contra Gecse, al no poder firmar un acuerdo de novación de deudor con Cenecoop.
Días antes, a raíz de una discusión que se dio en el seno de la junta interventora, en la que varios directores expusieron el criterio de que urgía reactivar el cobro judicial contra las empresas de Rodolfo Navas, la administración del Infocoop también revivió los remates de las propiedades de otras cooperativas de ese mismo grupo.
El 27 de octubre Finacio sacó a primer remate la propiedad que alberga el Hotel del Sur Country Club & Casino, en Pérez Zeledón. Este hotel pertenece al Consorcio Hotelero CCH. Según el edicto, el monto base del remate es de ¢2.500 millones y la propiedad es la garantía del fideicomiso Cenecoop/Finacio/Infocoop. El terreno tiene 28.107 metros cuadrados y el edificio 7.071.
Además, Finacio sacó a remate una propiedad de 580.529 metros cuadrados, ubicada en Matina de Limón, como parte del fideicomiso de garantía La Catalina/Finacio/Infocoop, en el que La Catalina es el deudor. También, aparece como fideicomitente secundario la firma Inversiones Arroyo de Cedro. La base del remate es de ¢316 millones.