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Sin tiempo para planear el viaje, tres maletas la acompañaron hasta Costa Rica. Partió con el duelo que conlleva dejar a la familia, a los amigos y la casa que tanto trabajo le costó. Fue una despedida sin tiquete de regreso.
Esperanza, cuya identidad se protege por el riesgo que representa su condición de refugiada, es uno de los 112 casos de salvadoreños que solicitan condición de refugio en suelo tico debido a que su vida corría peligro en su tierra.
En los últimos tres años, las solicitudes de refugio de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños subieron de 0 a 210 casos.
Esta última nacionalidad reúne un 55% de los solicitantes.
En El Salvador, la amenaza de muerte de los pandilleros de las maras persiguió a Esperanza durante un año y ocho meses, hasta que tomó la decisión de buscar refugio en este país vecino, hace dos años.
Los carteles de la droga y sus pandillas combinan sus negocios ilícitos con extorsiones y crímenes, en busca de demostrar poder.
“Todo empezó cuando mataron a mi esposo en su lucha contra las maras para que no ingresaran al barrio donde vivíamos. Creía que nuestro futuro estaba asegurado, pero de la noche a la mañana, empezó una pesadilla sin fin” , dijo esta salvadoreña de 50 años.
En el 2012, Costa Rica recibió un total de 1.167 solicitudes del estatuto de refugiado, sobre todo de colombianos (42%), cubanos (32%) y un 18% de extranjeros del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).
“No hay cabeza que aguante tanta amenaza. Mi peor error fue pedir justicia. Había gente muy peligrosa que me seguía a todas partes sin quitarme la mirada. Después del duelo, llegar a otro país sin nada es difícil”, dijo Esperanza.
Durante el 2012, el promedio de reconocimiento de refugiados fue de un 20% en la Comisión de Visas y Refugio de la Dirección de Migración y Extranjería. Es decir, que de cada 100 solicitantes, solo a 20 se les reconoció el estatus de refugiado.
En penurias. Llegar a otro país sin mayor voluntad que huir de la persecución y la muerte, es un choque de emociones que se mezcla con la cruda situación económica.
Según el oficial a. í. del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Juan Carlos Murillo, el 70% de las personas refugiadas vive con menos de ¢100.000 por mes.
“La mayoría se dedica a trabajos informales. En su país eran profesionales. No vienen huyendo porque hicieran algo malo, sino porque su vida corría peligro en su país”, dijo el oficial Murillo.
En cuanto a los sectores productivos en los que se desempeñan las personas que sí laboran, el Acnur encontró que un 79% se desempeña en el sector informal. La mayoría se ubica en ventas, empleo doméstico y cuido, ventas ambulantes, belleza y ocupaciones técnicas.
“Uno llega sintiendo que perdió todo. De un día para otro se fue por la borda mi familia, mi trabajo, mis amigos, mi cultura y mi dignidad. Uno pasa a vivir como arrimada. Quizás nunca más vuelva a ver a mis seres queridos. Sé que no tendré una pensión; perdí mi estabilidad y uno arrastra varios duelos”, dijo Esperanza.
A diferencia del migrante económico que viene en busca de mejorar su condición monetaria, el refugiado en peligro busca un lugar para resguardar su vida tras amenazas de agentes externos.
“Las maras tienen sus tentáculos por todas partes. Un hombre de la Fiscalía fue honesto conmigo y me dijo: rompa con todo. No vuelva a tener contacto con sus amigos, familiares; no vuelva ni a mencionar el nombre de su esposo y huya de este país si no quiere morirse”, recordó tras dos años de su llegada.
Otros retos tienen que ver con la discriminación, la dificultad para obtener empleo, la necesidad de atención psicológica y el limitado acceso al sistema bancario.
“La mayoría de los refugiados viven bajo la línea de la pobreza. Hay muchísimos mitos en torno al refugiado. Desde el 2010 se mejoró la normativa costarricense sobre refugiados. Sin embargo, los trámites en la Dirección de Migración se podrían agilizar aún más”, dijo el oficial de Acnur.
La Dirección de Migración y Extranjería es la encargada de abrir un expediente y recolectar las pruebas documentales para reconocer el estatuto de refugiado.
Debido a que el Estado no resuelve en los tres meses que dice la ley, se confiere un permiso temporal a estas personas para que busquen trabajo.
“Cuando uno es mujer y tiene esta edad (50 años), la situación laboral es aún más difícil. Sin embargo, no quiero que miren al refugiado con ojos de horror ni con lástima. Uno añora la tierra de la que tuvo que huir, pero vive eternamente agradecido con quien le abrió las puertas”, concluyó Esperanza.
