Rodríguez, quien se ha desempeñado como operario de puentes durante los últimos seis años, manifestó que les comunicaron que el proyecto tiene problemas de liquidez debido a los atrasos en la aprobación de una adenda por $24,6 millones.
"La explicación que nos dieron, por parte de de la empresa, es que no tienen fondos porque el Gobierno no les está girando dinero y, además, la empresa advirtió de que si la adenda no se aprueba no habrá recursos para continuar con la obra", declaró el trabajador.
Agregó que él y sus compañeros están muy preocupados por quedar desempleados en esta época del año y porque muchos de ellos tienen entre 55 y 60 años, un rango de edad en el que muchas puertas laborales se cierran.
Por medio de su oficina de prensa, la compañía confirmó el despido de 52 empleados, esa cifra representa un 17% del personal que labora en la construcción de los 29,7 kilómetros entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia, en San Carlos.
La empresa reconoció que las destituciones se deben a que no se ha aprobado la extensión al contrato.
¿Qué pasó con la adenda?
En julio, la Contraloría General de la República (CGR) le rechazó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) una solicitud para aumentar el contrato en $24,6 millones y el plazo en 320 días.
El dinero es necesario para estabilizar taludes y realizar trabajos en varios puentes pendientes.
Los argumentos para denegar la petición fueron que el monto adicional no garantiza que la obra se finalizará, no hay claridad sobre cuándo se terminará la vía y tampoco existen estimaciones del costo final del proyecto.
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“Nos encontramos de frente a una gestión incompleta, pues, para dotar de esa funcionalidad al proyecto serían necesarias otras actividades que no forman parte de esta (adenda) y que aún se encuentran pendientes de definir por la Administración”, indicó la Contraloría en el oficio en el que le comunicó al Conavi su decisión.
En la actualidad, el Conavi prepara una nueva solicitud para presentarla a la CGR.
Esta situación amenaza que el proyecto se quede sin fondos hasta que el MOPT resuelva las interrogantes de la CGR.
Carlos Solís, director ejecutivo a. i. del Conavi, explicó que el atraso en la aprobación de la adenda provoca un descenso en los montos facturados por la constructora, los cuales pasaron de $2 millones al mes a cerca de $400.000 al mes.
El jerarca aseguró que la nueva petitoria a la Contraloría se presentará a finales de este mes, y luego el órgano contralor tiene 15 días hábiles para pronunciarse.
Esta carretera comenzó a construirse en octubre de 2005 con la empresa taiwanesa RSEA Engineering Corporation. Sin embargo, los asiáticos abandonaron el proyecto en julio de 2008, cuando el país rompió relaciones diplomáticas con esa nación.
Tras la salida de la firma extranjera, la constructora costarricense Sánchez Carvajal asumió el proyecto.
El contrato original era por $164 millones.
