El Ministerio Público investiga al diputado del PASE, Óscar López, por supuestamente cometer cinco delitos relacionados con el manejo de recursos durante la campaña electoral de 2010.
Al legislador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) se le siguen causas por: falsificación de documentos públicos y auténticos, peculado, falsedad ideológica, estafa y una denuncia calumniosa, según confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y expartidarios de la agrupación que él preside y fundó, fueron quienes presentaron las cuatro denuncias entre 2012 y 2013.
De acuerdo con un informe que el TSE remitió a la Fiscalía en noviembre del año pasado, López y dos exdiputados del Partido -Rita Chaves y Víctor Emilio Granados-, simularon contratos de alquiler de vehículos para cobrar poco más de ¢200 millones dentro de la deuda política.
Por ese caso algunos de los 17 afectados se unieron a la denuncia y acudieron de manera personal al Ministerio Público.
Tal es el caso de la exasesora legislativa, Krissia Montoya quien denunció por estafa a las autoridades del PASE (sin especificar nombres), pues si bien firmó contratos para arrendar su vehículo, nunca recibió un pago, además asegura que presuntamente falsificaron la firma de su suegra en otro trato.
"Yo presente la denuncia principalmente por lo que le hicieron a mi suegra, ella nunca firmó un contrato de arrendamiento y el Partido la incluyó como una de las proveedoras en la liquidación de gastos que cobró al TSE. Ella es una persona mayor, que para escribir su nombre necesita fijarse en la cédula, porque ella no sabe, eso no se hace", explicó Montoya.
López por su parte, dijo desconocer que habían cuatro denuncias en su contra (solo conocía la del Tribunal) y negó haber estado involucrado en esos delitos, aduce que por su discapacidad visual es imposible que pudiera falsificar documentos o firmas, por ejemplo.
“Más que sentirme temeroso, me sentí indignado cuando me enteré de lo que dicen las denuncias, esto es una patraña politiquera”, aseveró el diputado.
Fue hasta este miércoles que López acudió al Ministerio Público para solicitar una copia de los cuatro expedientes y ahora está pidiendo ser indagado para presentar pruebas en su defensa.
Dicha gestión no la pudo realizar el 5 de agosto, porque tiene inmunidad parlamentaria.
“El señor Jorge Chavarría (fiscal general) le advirtió al diputado que él no tenía que brindar declaración. El procedimiento de investigación para casos seguidos contra personas que tienen inmunidad implica que la indagatoria la realiza un magistrado instructor, siempre que exista una acusación (actualmente las causas están en investigación; no están acusadas)”, dijo en un correo electrónico la vocera de la Fiscalía, Tatiana Vargas.
López dice que insistirá a Chavarría para que lo indague y negó que vaya a renunciar a un inmunidad para eventualmente someterse a la justicia por esas denuncias, pues argumenta que es una "persona honorable" y "no existen méritos para hacerlo".
“Es mi derecho al igual que cualquier otro ciudadano, no es posible que se digan todas esas cosas mías y no pueda defenderme. Voy a apelar la próxima semana ante el Fiscal para que me escuche en un acto libre y voluntario", aseveró López.
Denuncia del TSE. Según el informe del Tribunal, el PASE pidió en su liquidación de gastos el reembolso de 50 arrendamientos de autos contratados a una cantidad similar de personas, por un monto de ¢312 millones.
Esos contratos se pagaron, de acuerdo con el Partido, con bonos de deuda política, los cuales adquirieron un valor de ¢202 millones una vez pasadas las elecciones (debido a la cantidad de votos que recibió el PASE).
Este año, el órgano electoral entrevistó a 21 de esos propietarios de autos y 17 dijeron no haber recibido el pago que la agrupación presidida por López cobró al Estado.