Los docentes que laboren en el Caribe, donde se reportan inundaciones; en Puntarenas, donde se registran gran cantidad de casos de dengue, zika o chikunguña, o en los alrededores de los volcanes activos, recibirán el próximo año un plus por el riesgo que corren al trabajar en esos sectores.
También recibirán un pago adicional quienes laboren en zonas con alta incidencia de delincuencia, embarazo adolescente, mortalidad infantil o falta de agua potable.
El pago de este sobresueldo por concepto de "peligrosidad" es objeto de negociación por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los sindicatos ANDE-SEC y Sitracome.
De esta forma, se da cumplimiento al artículo 17 de la convención colectiva que estipuló, en el 2013, la creación de una comisión temporal para definir el pago de ese incentivo; la propuesta tiene que estar terminada a más tardar en diciembre, para que se haga efectivo en el 2018.
Según Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP, una vez que alcancen el acuerdo para este pago, deberán enviar la propuesta al Servicio Civil para que valore su aprobación en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
Este incentivo es adicional al que los funcionarios ya reciben por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico, llamado Índice de Desarrollo Social Relativo (IDS), por el cual se pagaron ¢22.000 millones el año pasado. En promedio, los educadores reciben ¢500.000 al año
También se suma al incentivo de zonaje, que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como "incómodas o insalubres". En 2016, este sobresueldo significó ¢3.000 millones para 30.000 servidores. Se les paga entre ¢5.550 y ¢55.100.
"Queremos llevar personal calificado y mejorar la calidad educativa en zonas de riesgo y peligrosidad. Algunas docentes renuncian precisamente porque no quieren trabajar en estas zonas", dijo Díaz sobre el nuevo sobresueldo.
A dos meses de iniciado el curso lectivo de este año, 3.000 docentes renunciaron a sus nombramientos por considerar que su área de trabajo era lejana o peligrosa.
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Para delimitar las zonas que se consideran "peligrosas" para los funcionarios, el MEP trabaja en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud.
"Si digo que voy a pagar peligrosidad, el Ministerio de Seguridad tiene que tener definido las zonas peligrosas. El Ministerio de Salud determina dónde hay riesgo a enfermedades, por ejemplo zika, dengue u otro tipo de infecciones. Si hay agua potable o no, eso tiene que ver con la salud y seguridad de las personas.
"Si hay mucha mortalidad infantil o jóvenes embarazadas, eso es importante para que las personas lleguen a fortalecer no solo el proceso de enseñanza si no tomando en cuenta cómo es la población que deben atender", manifestó Díaz.
La propuesta que están preparando las partes atiende un clamor de los sindicatos al MEP. Según Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), desde hace mucho tiempo le han presentado al Ministerio esta "necesidad".
"La gente está muy angustiada de que las condiciones de muchas regiones son peligrosas sobre todo donde ya sabemos que se inundan y hay volcanes, esto a nivel climático, pero hay sitios donde el centro educativo está muy cerca de donde hay balaceras o grupos armados", manifestó el sindicalista, quien dijo desconocer sobre las negociaciones del nuevo incentivo.
De acuerdo con la directora de recursos humanos, el plus por "peligrosidad" va a ser de "naturaleza salarial" por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para el pago del aguinaldo, salario escolar y para el pago de la pensión.
Zonas de riesgo
El MEP no dio detalles de cuánto va a costar ese sobresueldo y aún estudian las zonas en donde se pagará así como el número de funcionarios que lo recibirán, no obstante, por los datos de otras instituciones estatales, se puede prever que la cobertura será amplia.
Por ejemplo, según la CNE, todo el territorio nacional tiene alta exposición a desastres a consecuencia de las lluvias intensas, como deslizamientos, inundaciones o flujos de lodo, y al menos un 33% tiene alta incidencia de este tipo de emergencias.
Este es el caso de la zona del Caribe (Limón, Guácimo, Matina, Pococí, Talamanca, Sarapiquí y Siquirres) y Guanacaste (en Cañas, Bagaces, parte de Liberia, Santa Cruz , Nicoya y Carrillo).
La otra zona es el Pacífico central, donde están Parrita, Garabito y Quepos.
"Ya más al sur tenemos la zona de Golfito que tiene alta incidencia de deslizamientros e inundaciones. Además se puede mencionar el cantón de Osa, Coto Brus, Pérez Zeledón y en la GAM (Gran Área Matropolitana) tenemos como 30 cantones", explicó Douglas Salgado, de la Unidad de Investigación de Análisis de Riesgo de la CNE.
En el caso de las amenazas de tipo volcánico, actualmente el Turrialba, Poás y Rincón de la Vieja, representan un peligro, principalmente en la GAM, añadió Salgado.
Por su parte, el Ministerio de Salud tiene declarados 31 cantones del país en estado de emergencia por el virus del Zika, así como también por el aumento de casos de dengue y chikunguña. Algunos de ellos son San José centro, Santa Ana, Desamparados, Alajuelita, Pérez Zeledón, Alajuela centro, Atenas, Orotina, Garabito, Parrita y Quepos.
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En el caso de la inseguridad ciudadana, un estudio realizado por el Observatorio de la Violencia del Viceministerio de Paz, perteneciente al Ministerio de Justicia, en 2014, reveló que Limón encabeza los cantones de mayor violencia e inseguridad en Costa Rica en aquel momento. A la lista se unen el cantón central de San José, Desamparados y los cantones limonenses de Pococí, Matina y Talamanca.
"(El pago) tendrá que darse por criterios objetivos, con una propuesta rezonable, haciendo todas las valoraciones, hay que analizar la normativa conexa, tenemos que ser respetuosos de esas valoraciones a fin de que en esto se busque un principio de legalidad y presupuestario (sic)", explicó Díaz.
Transformación de incentivos
El artículo 17 de la Convención Colectiva, no solo busca crear el nuevo incentivo, si no "evaluación integral" de los otros sobresueldos por zonaje e IDS.
En el marco de este acuerdo entre el MEP, ANDE, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (Sitracome) es que se estudia realizar una "fusión" de los tres incentivos para transformarlos en un sobresueldo que se otorgue según la ubicación del centro educativo, de acuerdo con sus características geo gráficas, socioeconómicas y ambientales.
Según Marco Fallas, viceministro administrativo del MEP, para ellos el IDS "ya superó los objetivos por los cuales fue creado", ya que se paga en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico, sin embargo, según el jerarca, dentro un mismo distrito puede haber situaciones muy desiguales, por ejemplo Pavas, en San José.
"(Pagarlo) por centro educativo puede resolver de mejor forma el tema de equidad y de calidad educativa; vamos a procurar integrar esos incentivos en uno solo. Que el tema de equidad esté presente, implica que aquellos centros educativos que tienen una situación más vulnerable puedan asegurar la retención de docentes y permanencia de educadores mejor calificados", explicó Fallas.
Parte de la negociación es definir cómo se va a realizar esa "fusión" del IDS, zonaje y peligrosidad.
Este año, el MEP pagará el incentivo por Índice de Desarrollo Social Relativo (IDS), por primera en 20 años, en cuotas, en vez de un solo giro en junio. El cambio obedece a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, según el cual, este incentivo tiene carácter salarial, sujeto a las deducciones de ley.
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Se cancelará en dos partes, pues los sindicatos se opusieron a que se pagara mensualmente. El MEP dedebrá definir cómo lo pagará el próximo año.
El Ministerio de Educación Pública es la institución que más incentivos paga; en total sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos. Principalmente, se trata de pagos extra por recargo de funciones, por IDS, o bien, por horarios de trabajo más extensos. En promedio, un funcionario de ese ministerio recibe ¢277.000 adicionales a su salario cada mes, por sobresueldos.