Los incentivos y recargos que el MEP paga a sus docentes representan un gasto de muchos millones que no se traducen en mejoras de la calidad de la educación.
Así concluye el VI Informe del Estado de la Educación dado a conocer este mes, cuyos investigadores hacen el llamado por segunda vez. Ya en el V Informe, publicado en 2015, dedicaron un capítulo completo a analizar estos pluses, los cuales, están "desligados de cualquier medición de desempeño".
Cada año, entre recargos e incentivos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) destina un monto de ¢447.000 millones, el 35% del gasto en remuneraciones.
Los docentes reciben un pago adicional por recargos que incluyen tareas como dirigir la huerta de la escuela, atender a alumnos con problemas de aprendizaje, labores en biblioteca o coordinar las cooperativas estudiantiles. En total son 50 tipos de recargos, la mayoría otorga un 50% adicional del salario base.
Además de esos "recargos" hay que sumarles incentivos por laborar en zonas pobres, así como la calidad de su desempeño (anualidad).
"Pese a la magnitud de los recursos que se pagan por concepto de incentivos, los directores de los centros no cuentan con tiempo de los educadores para procurar un mejor alineamiento con las aspiraciones de la política nacional educativa, tampoco para impulsar esfuerzos dirigidos a lograr mejores indicadores de calidad", explica el informe.
Para Isabel Román, directora del Estado de la Educación, los incentivos y recargos no contribuyen a mejorar la educación porque al asignarse no existe un enfoque por gestión de resultados.
En el caso de los recargos, dijo Román, estos pagos surgieron en un momento en que el sistema educativo tenía muchos estudiantes y, al mismo tiempo, fuertes carencias de infraestrutura y de recursos; no había dinero para construir más centros ni para contratar más docentes.
Así, en vez de tener una nueva escuela con un nuevo director y nuevos docentes se recargaron a los que ya estaban; por ejemplo, al director de una escuela se le otorga un recargo del 50% de su salario para que sea director en la mañana y en la tarde.
"Eso fue así en un momento donde teníamos muchas dificultades de recursos funcionábamos como un modelo de escasez, ahora cambió la situación, tenemos más recursos, pero seguimos con la lógica e inercia del modelo de escasez, cuando la situación está cambiando, tenemos más de recursos, y la tenencia de los niños es que cada vez menor.
"Sin embargo, tenemos un sistema que aprendió a funcionar así, hay una inercia en el sistema y no hay una visión estratégica de revisar cuáles de esos recargos siguen funcionando y cuales no. (Los recargos) fueron generando una cultura de administración en el MEP y una cultura de los docentes que de repente muchos de esos recargos lo ven como una parte adicional de su salario", dijo Román.
Marco Fallas, viceministro administrativo del MEP, manifestó que no comparten la posición del Estado de la Educación.
"(Los incentivos) Están justificados plenamente en necesidades objetivas que se fundamenten en la mejora de la calidad, puesto que hay una relación entre la calidad de la educación con la permanencia de docentes calificados en estos lugares. Los recargos responden a una necesidad real para la prestación del servicio educativo cuando no es posible la creación de una plaza permanente, o es más eficiente hacerlo por recargo, generalmente por estar condicionada a la matrícula en algún nivel educativo", explicó Fallas.
En agosto, también la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó una revisión de la manera en que se utilizan los recursos en educación pues considera que la alta inversión del Estado en el sector no se refleja en una alta calidad.
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"La inversión en educación requiere un enfoque definido en resultados más que en insumos y procesos", señala el informe."Revisión de Políticas Nacionales de Educación en Costa Rica".
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Críticas
Los directores son el actor principal en la asignación de los recargos, indica el Estado de la Educación. En ellos recae la decisión de si se otorga o no un pago adicional.
En un estudio de campo realizado para este Informe se determinó que el 27% de los docentes consultados consideraban que los recargos no se asignan con base en mecanismos transparente "que busquen el mejor resultado para el centro educativo".
Para hacer efectivo el recargo participan cerca de 10 departamentos del MEP, los cuales, según el Informe, solo se dedican a comprobar requisitos y "dar el visto bueno".
"Rara vez se hace una auditoría o evaluaciones para determinar la idoneidad de los recargos aprobados y hasta qué punto apoyan los grandes objetivos de la política educativa. Hay debilidades del modelo actual de recargo, como ausencia de instrumentos para evaluar la manera en que los docentes llevan a cabo las funciones extraordinarias que les confieren; poco se hace para resolver esta carencia. Los instrumentos son débiles y no se revisan por años", explica la investigación.
Por ejemplo, el MEP paga un recargo de un 50% a 198 funcionarios por usar el Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), en donde los docentes registran la información de estudiantes, matrículas y horarios. Sin embargo, en la región educativa de Cartago, solo el 22% de los docentes lo usan, en Desamparados, solo un 46% y en Puntarenas un 44%.
La institución no cuenta con un dato estadístico para evidenciar los resultados directos de PIAD en la población estudiantil.
Para Marco Fallas, el primer llamado a supervisar el cumplimiento de los objetivos de los recargos es el director del centro educativo, posteriormente el supervisor y sobre estos el Director Regional.
En el caso de los incentivos como el IDS o el Zonaje el estado de la Educación recomienda que sean revisados. En referencia al Zonaje, que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como "incómodas o insalubres", el Estado de al Educacuión explicó que la mayoría de los criterios utilizados para otorgarlo abren un portillo para diferentes interpretaciones.
"Un número importante de indicadores hace referencia a la accesibilidad pero no se establecen con claridad de las áreas de influencia en kilómetrso de distancia del centro educativo; otrso estpan duplicados o desactualizados. Deben existir criterios transparentes de control y monitoreo, así como al veracidad de la información que se brinda", advierte el informe.
En 2016, este sobresueldo significó ¢3.000 millones para 30.000 servidores. Se les paga entre ¢5.550 y ¢55.100.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), está de acuerdo con el Estado de la Educación de que estos pluses deben revisarse "para mejorar las condiciones de trabajo de los educadores".
"En incentivo que se le da a los docentes no refleja en el cargo económico lo que él trabaja; le pagan menos por trabajar más. Le pagan un 30% de la jornada laboral cuando deberían pagarle la jornada laboral normal. Esto no incentiva a mejorar el proceso educativo. Si trabajan una doble jornada, que le paguen esa jornada en las mismas condiciones de la jornada normal. Los docentes no pueden con los recargos cumplir con todas las necesidades educativas de los estudiantes porque solamente van dos horas", dijo el sindicalista.
El Ministerio junto con los sindicatos, negocian el pago de otro incentivo por "peligrosidad" a los docentes por trabajar en zonas con riesgo de desastre, dengue o crímenes, embarazo adolescente, etc. Además, estudian una "evaluación integral" de los otros sobresueldos por zonaje e Indíce de Desarrollo Social (IDS) que compensa a los maestros que laboran en zonas más pobres.
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Pago en distritos fuera de la lista
El polémico incentivo llamado Índice de Desarrollo Social (IDS) se le paga a los funcionarios por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico.
Según el Estado de la Educación, 157 distritos están en condición de desarrollo relativo bajo y 53 en zonas de desarrollo relativo muy bajo; esto da un total de 210 distritos. El MEP adicionó otros 32, osea, que en total se deben pagar el IDS a los funcionarios que laboren en 242 distritos.
Sin embargo, el Informe indica que en 2015, el plus se pagó en 348, es decir, los docentes de 106 distritos recibieron el pago pese a que la localidad no cumplía con el índice de desarrollo relativo bajo o muy bajo o no ser parte de las excepciones del Ministerio.
El MEP está pagando sobresueldo al personal que labora en distritos como Santa Ana, Colón, Barva, San Pablo, Alajuela, Palmares o Atenas.
En 2016, por IDS el MEP pagó ¢22.000 millones el año pasado. Un total de 27.712 trabajadores recibieron el plus.
Marco Fallas, viceministro administrativo, admitió que el IDS "está desfasado", razón por la cual trabajan en una modificación, para que responda a criterios de "calidad, equidad y permanencia". Se espera que la reforma está lista para el próximo curso lectivo.