Juan Orlando Hernández, el hombre de soldados en la calle
El candidato por el Partido Nacional aparece arriba en las encuestas junto con Xiomara Castro, de Libre, para las elecciones en Honduras del 24 de noviembre. Su principal propuesta de campaña es mantener el Ejército en labores de seguridad nacional, pese a críticas de analistas.
Hernández presentó ayer en Tegucigalpa un proyecto para elevar la Policía Militar a rango constitucional. | AFP. ORLANDO SIERRA
Tegucigalpa. “Voy a hacer lo que tenga que hacer para que Honduras recupere la paz”, lanza Juan Orlando Hernández al cierre de uno de los anuncios que son transmitidos una y otra vez en los canales de televisión en Honduras.
Este abogado, de 45 años, es el candidato por el Partido Nacional (en el Gobierno) y su mensaje de campaña se centra en disminuir el crimen en Honduras con su proyecto estrella, la Policía Militar, que promovió en el actual Gobierno siendo presidente del Congreso.
El proyecto, que consiste en poner a 5.000 soldados en las calles, ha levantado el rechazo de personajes como Julieta Castellanos, rectora de la universidad más importante del país, y Ramón Custodio, comisionado nacional de derechos humanos, para quienes la seguridad debe estar en manos de la Policía.
“La participación de militares en labores de seguridad tiene su basamento en que estamos en un proceso de depuración de la Policía Nacional. Llegó un momento en que los hondureños prácticamente no confiaban en su policía”, responde el candidato en entrevista con La Nación desde suelo hondureño.
En sus anuncios, Hernández aparece al lado de soldados y critica que Xiomara Castro, la candidata de Libertad y Refundación (Libre), promueva devolver los militares a los cuarteles. Sus adversarios critican la estrategia de usar la imagen de la Policía en la campaña. “En política usted les tiene que decir a los ciudadanos qué es lo que considera que resuelve los problemas. No es una utilización de la institución, sino de la idea hacia dónde vamos”, responde el candidato.
Hernández presentó ayer en Tegucigalpa un proyecto para elevar la Policía Militar a rango constitucional. | AFP. (ORLANDO SIERRA)
Su más reciente movida la realizó ayer, cuando presentó al Congreso un proyecto para elevar a la Policía Militar a rango constitucional.
Ataques a Zelaya. Padre de cuatro hijos, el abogado Hernández, como lo llaman en la calle, repite una y otra vez que los males en Honduras en inseguridad y economía tienen un solo culpable: el gobierno de José Manuel Zelaya, cuya esposa, Xiomara Castro, es su principal rival de cara al 24 de noviembre.
“Les entregamos el país con niveles de seguridad superaceptables (la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 43). Le entregamos el país con prácticamente cero deudas y nos lo entregaron más endeudado que nunca”, dice.
Al preguntársele si su partido –que junto con el Liberal han gobernado desde 1902– no tiene ninguna responsabilidad en los males del país, insiste: “Cuando el Partido Nacional gobierna, pone orden, hay crecimiento económico, baja la pobreza, pero llegan los de Libre o los del Partido Liberal, que son los mismos, y se produce el caos”.
Fuera del tema de seguridad, en cada entrevista Hernández repite de memoria programas que, dice, lograrán crear 800.000 empleos en sus cuatro años de eventual gobierno; o sea, 547 puestos por día. Para ello trabajará en el sector agroalimentario, así como en infraestructura, vivienda y turismo.
También dice que remodelará las casas de las 800.000 familias más pobres de Honduras, con un fogón, piso de cemento, techo, filtro de agua, huerto familiar y letrina.
Hernández, empresario agrícola en su natal Gracias, y propietario de hoteles y empresas de radio y televisión, impulsó como presidente del Congreso polémicos procesos, como la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional, una decisión calificada de ilegal por la oposición.
Tres congresistas estadounidenses –Raúl M. Grijalva, Hank Johnson y Mike Honda– enviaron el 15 de octubre una carta al secretario de Estado, John Kerry, en la que mostraban su preocupación al considerar que Hernández “ ahora controla todas las instituciones claves del Gobierno, incluyendo la autoridad electoral del país y al Ejército que distribuye las papeletas”.
