Tegucigalpa. Honduras se hundió este viernes en un caos de protestas callejeras, ataques y saqueos, mientras la población sigue esperando el resultado oficial de los comicios que disputaron el presidente Juan Orlando Hernández y el presentador de televisión Salvador Nasralla, que denuncia fraude.
Miles de seguidores de Nasralla se tomaron la justicia por la mano bloqueando carreteras en distintos puntos del país, en varios de los cuales la policía trató de dispersarles con bombas de gases.
En la capital, los manifestantes obstruyeron bulevares y las salidas de la ciudad con hogueras de palos y llantas.
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Los ciudadanos, angustiados, corrieron a supermercados y gasolineras para abastecerse, ante el temor de que no puedan salir de sus casas.
“Ayer (jueves) estuvo cerrado por las manifestaciones, y hoy (viernes) cuando abrieron se llenó de gente”, explicó un empleado del supermercado La Colonia en Tegucigalpa.
El activista Juan Barahona, de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, el partido de Nasralla, alentó a salir a las calles.
“En los barrios y las colonias la gente no tiene que moverse, tiene que hacer la protesta allí mismo. No nos dejemos robar la presidencia”, señaló.
En las redes sociales se hicieron virales videos de protestantes enfrentando a policías en distintos puntos de Honduras.
Al menos dos agentes y una decena de manifestantes resultaron heridos en los choques, algunos por balas, informaron fuentes oficiales.
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La policía dijo en un comunicado que entre jueves y viernes fueron detenidas 50 personas que participaron en saqueos a centros comerciales de la capital y San Pedro Sula (norte).
“Se han provocado actos de vandalismo, ha habido robos de mercadería, han atentado contra la seguridad de los clientes y colaboradores de diversos negocios”, denunció el presidente de la Cámara de Comercio del norte del país, Rafael Medina.
Con 94,31% de las actas escrutadas, Hernández, que busca una polémica reelección con el derechista Partido Nacional, iba en cabeza con 42,92% contra 41,42% de Nasralla.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, avisó la noche del jueves que el organismo iniciaría este viernes un “escrutinio especial” de 1.031 actas con inconsistencias –como errores en sumas de votos, borrones o falta de firmas–, en presencia de delegados de los partidos para garantizar la transparencia.
“No daremos más anuncios (de resultados) hasta que finalice el proceso” de revisión de actas, escribió Matamoros en Twitter.
El TSE no tiene plazo para revisar las actas cuestionadas, pero por ley debe proclamar al ganador dentro de un mes a partir de los comicios del 26 de noviembre.
Sin embargo, en una declaración grabada, Hernández llamó a esperar el “resultado más tarde o esta noche” y pronosticó que, con “el camino que vamos, ya se ve que vamos a salir muy bien” con la reelección.
La candidatura de Hernández, calificada de ilegal por la oposición, se basó en el fallo de un tribunal de justicia, pese a que la Constitución prohibe la reelección presidencial.
“Si la elección se produce con un fraude evidente y el autoritarismo del presidente se consolida, eso va a desacreditar el proceso y sí puede haber convulsión social”, advirtió a AFP el analista Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras.
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En el primer conteo que divulgó la madrugada del lunes el TSE, Nasralla sacaba una ventaja cinco puntos sobre Hernández, pero en los conteos posteriores desapareció la diferencia y el presidente tomó la delantera.
El súbito cambio en la tendencia y sucesivas caídas en el sistema de cómputo del TSE despertaron las denuncias de fraude Nasralla y el coordinador de la Alianza, el expresidente Manuel Zelaya.
La coordinadora de la misión de observadores de la Unión Europea, Marisa Matías, condenó la violencia llamando “a la calma social y a esperar los resultados que puedan ser verificados por todos los actores”.
La oficina de Naciones Unidas en Tegucigalpa pidió en una declaración a los manifestantes que ejerzan el derecho a la libertad de expresión “de manera apropiada” y a los policías que “cumplan sus funciones en el pleno respeto de los derechos humanos”.