El Tribunal Arbitral decidió posponer el fallo final en el caso planteado contra Costa Rica por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., ante la cancelación de una concesión otorgada para la explotación de oro en la mina Crucitas.
Así lo comunicó el mediodía de este martes 5 de diciembre el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), representante del Gobierno de Costa Rica en estos conflictos internacionales.
La comunicación del Comex indica que el país recibió una notificación del tribunal en el sentido de que decidió postergar su decisión sobre jurisdicción, hasta analizar los argumentos de fondo, en virtud de la complejidad que reviste el caso.
Eso implica que el Tribunal establecerá un nuevo calendario procesal, en el cual se definirán las fechas para presentar escritos y una audiencia oral que se concedería a las partes. El proceso concluiría con una decisión del Tribunal abordando tanto los alegatos de jurisdicción como los de fondo, explicó el ministerio costarricense en un comunicado.
El llamado caso Crucitas se tramita en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, desde febrero del 2014.
La empresa Infinito Gold Ltd. reclama $94 millones en indemnizaciones al Estado de Costa Rica por las inversiones realizadas y por concepto de "ganancias dejadas de percibir" al anulárseles la concesión, situación acontecida cuando el país se declaró libre de minería metálica a cielo abierto.
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"Este es un caso de alto interés nacional. El Gobierno de Costa Rica continuará, tal y como lo ha hecho hasta ahora, dedicando todos aquellos esfuerzos que se requieran para ejercer la adecuada defensa del país en lo que resta del proceso", afirmó el ministro del Comex, Alexánder Mora.
El ministerio recordó que para este caso se conformó un equipo nacional compuesto por el Ministerio de Ambiente y Energía, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Comercio Exterior, como Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional de Solución de Controversias en materia de Comercio e Inversión. Este equipo coordina la estrategia de defensa con la firma legal internacional, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.
