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Los ministerios de Trabajo y de Hacienda pretenden que se ponga un tope a las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional, mediante un proyecto de ley enviado este martes a la Asamblea Legislativa.
Las reformas lograrían que la mayor pensión actual baje de ¢17 millones a ¢3,49 millones.
El plan afectaría a unos 3.232 pensionados de los regímenes de Hacienda, Obras Públicas, Registro Nacional y Comunicaciones, según la iniciativa.
La reforma no incluye los regímenes del Poder Judicial, Magisterio Nacional, ni el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Ministerio de Hacienda calculó que, de ser aprobadas, en el primer año de vigencia de las reformas, se lograría un ahorro anual de ¢20.525 millones.
Ese monto representa apenas un 2,5% de los ¢790.000 millones incluidos este año como transferencias presupuestarias para atender dicho rubro.
Empero, Helio Fallas, ministro de Hacienda, y el jerarca de Trabajo, Víctor Morales Mora, afirmaron que, más allá de la cifra, se trata de un asunto de equidad, porque son pensiones de lujo para unos pocos.
Los jefes de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, y del Partido Liberación Nacional (PLN), Julio Rojas, apoyan el plan como parte de las iniciativas para frenar los abusos y las injusticias en las pensiones, discusión que se mantiene vigente en el Congreso.
Cambios en reforma. El Gobierno propone una cotización especial solidaria, mediante la cual se reducirían las actuales pensiones que superen los ¢3 millones mensuales y que tengan cargo al Presupuesto Nacional.
El monto de la pensión mínima que debe pagar esa cotización se definió al multiplicar por 12 el salario más bajo de la administración pública: ¢252.900, de un misceláneo 1 según el Servicio Civil.
La iniciativa también cambia los aumentos o revaloraciones anuales de este tipo de pensiones.
Para los futuros pensionados se impondría una reducción de 80% a 100% en el monto de jubilación conforme a los salarios y se eleva paulatinamente la edad de retiro de 55 años a 60 años.
“Como fracción, reconocemos el momento histórico del problema financiero y fiscal y que hay un grado de injusticia en pensiones de lujo, que se debe revisar”, señaló el diputado Rojas.
En tanto, el legislador Vargas dijo que no es posible tener gente con una pensión de ¢70.000 al mes, mientras otros reciben montos cercanos a los ¢20 millones.
