EscucharContrario a la restricción que aplicó al inicio de su gestión en la inversión en obra pública, el Gobierno ahora la acelera.
En el primer trimestre, dicho gasto, que incluye la construcción y reparación de carreteras y edificios, entre otros, aumentó un 56% respecto a igual periodo anterior.
Si se acumula, a cada mes, el monto invertido en los últimos 12 meses alcanzó en marzo los ¢613.000 millones, una cifra récord en los últimos 10 años y un crecimiento de 24% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este monto incluye solo el Gobierno Central, no a las instituciones públicas.
Uno de los factores que explica el alza es la mayor transferencia a las municipalidades para obras cantonales para cumplir con la Ley Especial de Transferencia de Competencias.
Algunos ejemplos de obras públicas que ha realizado el Gobierno recientemente son el nuevo puente de la “platina” (Alfredo González Flores), la construcción del acceso a la terminal de contenedores de Moín y las nuevas oficinas de la aduana de Peñas Blancas.
¿Y el déficit? La inversión crece a pesar del alto déficit fiscal del Gobierno, que surge del exceso de los gastos totales (corrientes y de capital) sobre los ingresos que provienen principalmente de impuestos. La diferencia se financia con deuda.
En conferencia de prensa la semana pasada, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, explicó que el incremento en la inversión es posible porque se ha controlado el gasto corriente (incluye remuneraciones).
Añadió que los datos al primer trimestre no necesariamente marcan una tendencia.
El exministro de Hacienda, Thelmo Vargas, advirtió de que este gasto se puede usar con fines electorales.
“En general, el destinar dinero a inversión productiva es mejor que a gasto de consumo. Estando cerca del fin de esta administración, un incremento en la inversión, que necesariamente se ha de financiar con más deuda pública, puede obedecer a cálculo electoral, pues el fruto de ella puede verse ahora y el pago de la deuda le queda a las administraciones futuras”, dijo.
Para la exviceministra de Hacienda, Edna Camacho, si hay financiamiento externo, no hay efectos negativos.
“La inversión o transferencias que se financian con créditos externos no tienen un impacto negativo, pues estos tienen condiciones blandas y no afectan el mercado financiero local”, manifestó Camacho.
Camacho agregó que el problema es que los municipios no ejecuten los recursos, pues sino se subiría la deuda pública sin una inversión real.
El ministro Fallas explicó ayer que por tratarse de entes autónomos y desconcentrados, la verificación de las obras es competencia de la Contraloría General de la República.
“La única potestad que tiene la Tesorería Nacional es sobre los recursos que se entregan como partidas específicas, según la Ley 7755. En este caso, sí se hace una verificación y los recursos se entregan contra avance de las obras”, enfatizó.
Eugenia Aguirre, coordinadora de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, destacó que como son recursos de destino específico son sujetos de sanciones quienes los utilicen para otros fines que no sean la gestión vial.
Según Fallas, para sostener el alza en la inversión pública, el país deberá aprobar los proyectos para el fortalecimiento de la Hacienda Pública, mantener el financiamiento externo e impulsar la asociación pública privada.
