Las calificadoras de riesgo dudan de que ahora haya capacidad política para resolver el deterioro fiscal del país mediante una reforma tributaria.
Precisamente ese fue uno de los argumentos que enfatizó, este jueves, Standard & Poor’s (S&P) para justificar por qué degradó la nota de riesgo soberana de Costa Rica de BB a BB- .
Para S&P, es cada vez menos probable que la administración de Luis Guillermo Solís logre la aprobación de proyectos fiscales, máxime por la fragmentación política del Congreso y con el inicio de la carrera presidencial en el 2017.
“La ventana de oportunidad política para aprobar una reforma se está cerrando. Las probabilidades de que se apruebe una reforma fiscal, conforme pasa el tiempo, son cada vez menores”, explicó a La Nación César Barceinas, director de Riesgo Soberano en S&P .
Sin embargo, esta no es un crítica aislada. La agencia Fitch Ratings fue la primera en alertar , el pasado 20 de enero, del lento avance de la reforma tributaria en la Asamblea Legislativa, debido a la fragmentación política.
Dos semanas después, el 8 de febrero, Moody’s varió la perspectiva de su calificación Ba1, de estable a negativa, ante la falta de consenso político para reducir el déficit fiscal.
Las tres agencias coincidieron en que las finanzas públicas tuvieron un acelerado deterioro en los últimos cinco años.
El déficit fiscal, según las previsiones de las calificadoras, cerrará el año por encima del 6% de la producción y el endeudamiento rozará el 45%.
Urgencia. Helio Fallas, ministro de Hacienda, dijo ayer que ya habían advertido del riesgo de una baja en la calificación si no se hacen los ajustes fiscales.
“El anuncio de la rebaja en la calificación de nuestra deuda soberana de largo plazo por parte de S&P es lamentable por las implicaciones en nuestra economía y es una clara señal de la urgencia de la aprobación de los proyectos de fortalecimiento de la Hacienda Pública”, añadió Fallas en un comunicado de prensa.
Para Fallas, la información divulgada por S&P es una nueva llamada de atención a los distintos sectores para lograr consensos alrededor del planteamiento que el Gobierno ha realizado en materia de ingresos y gasto público, con el objetivo de atender el desbalance fiscal.
Precisamente, Hacienda presentó ayer una nueva iniciativa de ley que busca limitar el crecimiento del gasto corriente del Gobierno Central.
Fallas catalogó de urgente la aprobación de los diversos proyectos tributarios enviados al Congreso, si no el país se expone a nuevas degradaciones en la calificación crediticia.
Según S&P, si no hay cambios pronto, existe una alta probabilidad de enfrentar una nueva reducción en la nota de deuda soberana en los próximos 18 meses.
