El Estado incumple con la aplicación del tope a las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional establecido legalmente en 1998.
Elizabeth Molina, jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, confirmó que el límite a las jubilaciones nunca se ha ejecutado.
La Ley 7.858, aprobada el 21 de diciembre de 1998, fijó el monto máximo de las pensiones financiadas por el Estado en 10 veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.
Para este año, dicho límite es de ¢2,3 millones y se debería aplicar a 952 personas que reciben montos superiores a esa cifra, según la DNP. La cantidad de casos podría ser mayor, pero está exenta una parte de los jubilados del Magisterio Nacional –por requisitos legales–, los exdiputados, expresidentes y las pensiones no contributivas.
El costo de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional es de ¢708.042 millones este año; es decir, el 10,6% del presupuesto total del Gobierno Central.
La mayoría de los recursos de las pensiones se pagan con impuestos, pero ¢64.000 millones son por aportes de los jubilados.
Hay 14 regímenes especiales de este tipo, con más de 58.000 personas pensionadas.
Cómo funciona. La ley de 1998 estableció que el Ministerio de Hacienda y la DNP coordinan para imponer tope a las jubilaciones altas, pero nunca se han puesto de acuerdo.
El único requisito para aplicar el mandato es que Hacienda certifique que los ingresos por cotizaciones estatales, obreras y patronales son menores al beneficio que se paga al pensionado.
“El supuesto de que los ingresos son inferiores a los egresos se cumple siempre. Pero para nosotros decir a qué pensión en curso se le aplica el tope, necesitamos la orden de Hacienda”, explicó Molina.
Añadió que el límite sí se impone, por una única vez, cuando la DNP aprueba una nueva pensión. Sin embargo, por los ajustes y revalorizaciones posteriores, el monto de la jubilación sobrepasa el tope.
Helio Fallas, ministro de Hacienda, recalcó que corresponde a la DNP remitir la información necesaria para ejecutar los topes.
“Este mecanismo (el límite a la pensión) lo estamos analizando para enfrentar el tema de las pensiones”, explicó Fallas.
Édgar Robles, superintendente de Pensiones, consideró que restablecer el tope de manera retroactiva es casi imposible. “Para adelante se podría aplicar. Pero se debe estudiar bien porque es probable que los afectados vayan a los Tribunales a defenderse”, añadió.
La Procuraduría General de la República estudia, por solicitud del Gobierno, la posibilidad legal de imponer un techo a la pensión de los actuales jubilados.