Un grupo de 661 jubilados concentran las pensiones altas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Estas personas, que representan el 18% del total de retirados, reciben el 48% del gasto anual, es decir ¢27.000 millones durante este año.
Así se desprende de la información brindada, a solicitud de La Nación , por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
En la estructura del fondo, la mayoría de los jubilados, 2.958 personas (el 82% del total), obtienen el 52% del gasto anual que asciende a ¢29.539 millones durante este año.
Para este año el monto total por el pago de pensiones en la Corte será de ¢56.541 millones.
La Supén brindó la información con base en el reporte mensual que la Corte entrega a la entidad supervisora y anualizó el egreso para este año.
Los datos se dieron con corte a julio anterior cuando había 3.619 jubilados y 12.938 contribuyentes activos. En el fondo cotizan por igual los jubilados como quien aún laboran.
El Poder Judicial está a la espera de que la Universidad de Costa Rica entregue el más reciente análisis actuarial al fondo para determinar el estado de salud del régimen.
En el último informe, del 2012, el sistema registró un déficit de ¢4 billones.
Hasta setiembre pasado, el fondo de pensiones tenía inversiones por un monto de ¢424.224 millones , según los estados financieros del régimen.
Fundamento
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó que la actual distribución de las pensiones es el espejo la composición salarial del Poder Judicial.
“El cálculo de la jubilación se hace en función del salario percibido. A mayores aportes, mayor jubilación. Esto se refleja en la distribución de las jubilaciones,” enfatizó Romero.
La funcionaria descartó que el sistema de jubilaciones sea desigual, pues es el reflejo de la estructura piramidal de puestos, como en la mayoría del Estado.
Sin embargo, Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, recalcó que la decisión de brindar una mayor solidaridad en el régimen de pensiones es una decisión política.
“Hay personas que aportaron más al régimen proporcionalmente más que otras. Pero, por la evidencia, nadie que se esté pensionando en el Poder Judicial aportó suficiente para lo que se está llevando, pues es el diseño del sistema”, advirtió Ramos.
Para el jerarca el problema de fondo es que la fijación de la pensión se establece con base en el promedio de los últimos 12 salarios del trabajador.
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Estructura
La distribución de las pensiones del Poder Judicial, brindada por la Supén, muestra que el 60% de los jubilados (2.135 personas) recibe una pensión mensual de menos de ¢1 millones. Mientras que el promedio del pago brindado es de ¢768.000.
En el grupo de 661 retirados con las pensiones más altas, el rango de beneficio oscila entre los ¢2,5 millones y hasta los más de ¢9 millones. El promedio de la jubilación de estos exfuncionarios es de ¢3,4 millones.
En los datos de Supén hay un grupo intermedio de 823 personas cuya beneficio mensual va de más de ¢1 millón hasta ¢2,5 millones. Aquí promedio de la jubilación es de ¢1,3 millones.
“Cada persona obtiene el monto de jubilación conforme a los requisitos propios y lo aportado al momento de hacer efectivo el derecho jubilatorio por lo que no es correcto afirmar que existen personas que se benefician sobre otras”, aseguró Romero.
El jerarca de la Supén resaltó que incluso las pensiones bajas en el Poder Judicial son altas frente al promedio del país.
La jubilación mínima en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es de ¢129.620 y la más alta tiene un tope de ¢2,1 millones en el caso de las personas que realizan postergación del retiro.
En el régimen de la Corte no existe tope a las pensiones, pues la Sala IV lo anuló. En el proyecto de reforma al régimen, los magistrados propusieron un máximo de jubilación de ¢7 millones y los trabajadores de ¢4,7 millones.