El Ministro de Hacienda, Helio Fallas, justificó la opción de seguir utilizando papel en el sistema de compras públicas electrónicas en una carta de respuesta que le envió al diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.
En otra carta, enviada el 30 de abril pasado, Solís había cuestionado, entre otros, el artículo 11 de la reforma al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, el cual reglamenta la Ley 9.395 que el diputado impulsó en el Congreso.
Dicha Ley obliga a todas las instituciones públicas a realizar sus compras por medio de un sistema digital unificado, que el Gobierno definió que es el Sicop y que ello debe cumplirse en setiembre de este año.
Sector público incumplirá plazo de ley para unificar compras
No obstante, el reglamento establece, en su artículo 11, que cuando exista impedimento para realizar una contratación por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop, que es la plataforma única), acreditado mediante resolución razonada, se podrá excepcionalmente tramitar un expediente físico.
Reglamento para compras públicas digitales permite adquisiciones en papel
Para Solís eso no fue lo que estableció la ley.
En la carta Fallas justifica que el papel solo se usaría en casos fortuito, previstos en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa.
"El caso fortuito puede acaecer ante la caída del sistema por razones de fuerza mayor; todo ello previsto de forma excepcional, y debidamente acreditado mediante resolución razonada", explicó Fallas en la misiva.
"El Poder Ejecutivo tiene absoluta claridad y compromiso de avanzar en un sistema 100% electrónico, y por eso se eligió el código surcoreano Koneps, para el desarrollo del Sicop. Sin embargo, también comprendemos que la tutela del interés público y la continuidad del servicio público debe prevalecer ante situaciones de especial necesidad, y ello supone las excepciones que el legislador previó en la Ley 7494", señaló Fallas en la carta.
"Para mí la carta es una decepción gigantezca, la palabra transparencia urge en compras públicas en Costa Rica donde se gasta, como un 15% del PIB (producto interno bruto) y sobre todo en un Gobierno del PAC", respondió Solís.
En la carta Fallas le informa a Solís que se está preparando una consulta a la Procuraduría General de la República a efectos de dilucidar si el Ministerio de Hacienda, con la legislación vigente, cuenta con las atribuciones y competencias para obligar a las entidades de derecho público, fuera de la administración central, para utilizar el Sicop.
