La Corte Plena derogó el lunes anterior una norma que otorgaba privilegios en pensiones a empleados del Poder Judicial.
La directriz, conocida como la regla IV, concedía la jubilación a los 55 años de edad y con un monto de pensión equivalente al promedio de los últimos 12 salarios a quienes no tenían los requisitos para obtener tales beneficios.
“Se acordó revocar la aplicación de la regla IV en el futuro; es decir, ya no se aplicará más. El acuerdo se tomó en firme”, confirmó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.
La votación, que quedó 13 a 2, eliminó de manera definitiva la normativa creada en el 2000 y con la que se favorecieron 403 personas.
En la sesión de la Corte del lunes participaron 15 magistrados (10 de los cuales eran suplentes). Los jueces de la Sala Constitucional no estuvieron porque actualmente estudian un caso relacionado con pensionados en el Poder Judicial.
Sin embargo, no se resolvió la recomendación de un informe interno de la Corte y otro de la Superintendencia de Pensiones (Supén) de iniciar procesos legales contra quienes recibieron dinero adicional en su pensión. Tales estudios calificaron de ilegal la norma que ahora se derogó.
La Supén determinó que, entre enero del 2000 y julio del 2012, se habría pagado de más ¢4.079 millones en pensiones a empleados que recibieron beneficios de jubilación a los cuales no tenían derecho, como publicó La Nación en junio anterior.
El fondo de pensiones del Poder Judicial se creó en 1937. Actualmente, tiene 3.367 jubilados y 12.074 empleados activos cotizantes, según los estados financieros del régimen a setiembre anterior.
A inicios de año, la Supén recomendó cerrar el sistema judicial de jubilaciones porque no es sostenible en el futuro , incluso con una reforma legal propuesta por la Corte.
En junio del 2012, la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. determinó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insolvente en el 2027.
Responsabilidades. Édgar Robles, superintendente de Pensiones, calificó de acertada la decisión de los magistrados, pese a que se tomó casi una década después de que la Supén alertó, por primera vez, sobre la irregularidad de la regla IV.
“Hay que revisar todas las pensiones mal otorgadas y ajustarlas a futuro; sabemos que hay montos pagados incorrectamente y deben ser recuperados; y debe establecerse la responsabilidad de quienes crearon la norma”, dijo Robles.
Ana Eugenia Romero explicó que los eventuales procesos legales para resarcir a la entidad pública por el daño generado se analizarán en la Corte Plena. Esto se hará una vez que la Sala IV resuelva otro caso relacionado con un pago de más en pensiones que se sigue contra un grupo de 16 exmagistrados.
Romero confirmó que al derogarse la regla IV no se aplicará en los casos de los funcionarios judiciales que iniciaron el proceso para jubilarse con los términos de dicha normativa.
El último beneficio dado con la norma anulada se otorgó el 1.° de mayo anterior.