Los directivos tomaron la medida de manera unánime tras recibir una recomendación técnica conjunta de la Gerencia de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones (Supén), así lo confirmaron los directivos Renato Alvarado, representante patronal; y José Luis Loría, del sector cooperativo.
La CCSS y la Supén contrataron por $125.000, en agosto del año pasado, al actuario argentino Eduardo Melinsky para realizar un análisis al principal fondo de pensiones del país tras años de confrontación sobre la salud financiera del IVM. El informe independiente concluyó que las reservas del IVM se comenzarían a agotar a partir del 2023.
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Melinsky recomendó, para darle sostenibilidad al fondo, elevar la cotización obrero-patronal hasta un 20%. Actualmente, el aporte es del 8,5%.
Loría explicó que los técnicos de la Caja y la Superintendencia propusieron descartar el análisis de Melinsky por serias deficiencias metodológicas y técnicas. Además porque la revisión del estudio, hecha por la Universidad de Costa Rica (UCR), también cuestionó los resultados del estudio.
Este directivo no precisó cuáles fueron los defectos detectados.
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"La institución única y responsable de lo que tiene que ver con el IVM es la Caja. La Caja es la que debe tomar las decisiones de reforma al IVM con urgencia", afirmó Loría.
Por su parte, Alvarado señaló que los fundamentos para anular el contrato, dados por los especialistas de la CCSS y la Superintendencia, sobre el estudio actuarial independiente, fueron contundentes.
El IVM tiene actualmente 224.000 pensionados, 1,4 millones de cotizantes y una reserva que asciende a ¢1,9 billones.
