Cerca de 1.130 agroquímicos hacen fila, desde hace siete años, para que se les revalide su uso o se les inscriba, por primera vez, por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al MAG.
El acumulado se fue conformando a partir de un reglamento publicado en el 2007 y que cambió el sistema de registro de agroquímicos en el país, el cual tiene actualmente 3.000 productos activos.
De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Productos Genéricos, de ese total, 600, que ya estaban documentados antes de esa fecha, siguen a la espera de que se les analice una información técnica que tuvieron que entregar y, por lo tanto, no han sido renovados.
En el caso de otros 350, que también estaban registrados, se está en el proceso de demostración de que no tienen impurezas que dañen el ambiente, y 180 son nuevos agroquímicos para los que se busca luz verde y que sean distribuidos en el mercado nacional.
Se trata tanto de ingredientes activos, materia prima con que se hacen los productos y no sale al campo, como del formulado, el que se vende a los productores.
Con el reglamento del 2007, todos tienen la obligación de ser aprobados no solo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sino por los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía (Minae).
Sigurd Vargas, director ejecutivo de la Cámara de Productores Genéricos, aseguró que el sistema está atrofiado.
Por esta razón, tanto ellos como representantes de la Cámara de Agricultura y de la Cámara de Insumos Agropecuarios se reunirán hoy, a las 4 p. m., con el nuevo titular del MAG, Felipe Arauz, para plantearle la situación y buscar una pronta salida, en conjunto.
Detalle. Esaú Miranda, funcionario de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos del SFE, dijo que en siete años han registrado cinco ingredientes activos (materias primas) y cinco productos formulados. Empero, reconoció que el principal problema para el retraso es que las empresas no entregan toda la documentación requerida, la que está reglamentada.
Por ejemplo, según Miranda, de los 180 nuevos expedientes, el Servicio Fitosanitario ya analizó 131, pero no los han registrado porque en la mayoría falta información relativa a estudios de riesgo o que demuestren que el producto no tiene impurezas relevantes que afecten el ambiente. El resto de los casos hace fila para su análisis.
“Los empresarios conocen el reglamento y saben que tienen que entregar esos datos, pero en muchos casos son las casas matrices las que no quieren brindar la información”, dijo.
No obstante, Vargas le atribuye el retraso al hecho de que estén involucrados tres ministerios, lo que hace más burocrático el proceso, sobre todo por falta de infraestructura y recurso humano.
Con él coincide Rándall Álvarez, presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios, para quien la larga lista de requisitos y el hecho de que intervengan tres ministerios hace que todo se alargue.
Vargas también señala como causa la custodia de la información. Todo registro dentro del paquete de información química tiene datos confidenciales que hay que custodiar.
Según Vargas, eso se ha confundido con lo que se denomina datos “protegibles”, que son los de prueba toxicológica y agronómica.
“Debe haber medidas administrativas que garanticen al registrante la protección de la información, de acuerdo con el régimen jurídico de cada tipo”, señaló.
Mientras persiste este panorama, los productores agrícolas reclaman falta de competitividad por no acceder a agroquímicos con nuevas tecnologías.
“Eso nos hace menos competitivos, más caros en la producción y no podemos tener los últimos productos” ofrecidos, dijo el presidente de la Cámara de Agricultura, Juan Rafael Lizano.
