Cada día, en las 12 ventanillas de legalización de trabajadores migrantes se reciben unas 1.320 solicitudes, mientras que la Dirección General de Migración tiene capacidad para resolver alrededor de 120 casos diarios.
Esa situación genera una presa de trámites que ahoga a la entidad y causa que una resolución tarde entre nueve y 12 meses en promedio, reconoció Kathya Rodríguez, directora de Migración.
Pese a reconocer que hay un problema creciente, Migración no puede reducir la recepción de solicitudes a un número acorde con su capacidad, pues la Sala IV determinó que debe aceptar todas las peticiones y abrir los expedientes, aunque lleguen con los requisitos incompletos.
Quien tenga un expediente abierto no recibirá sanciones, como el cobro de multas. Por eso, muchos llegan con solo un documento de los 13 que se exigen, dijo Rodríguez. Apenas el 10% de los casos aporta todos los requisitos que pide la ley.
A la fecha, Migración registra 20.000 expedientes abiertos.
Casos. En medio de esta situación, diversos patronos se quejan de que el proceso para legalizar a las empleadas domésticas se convierte en un calvario y los trámites tardan hasta año y medio.
En ese lapso, se cambiaron fechas de citas, se solicitaron documentos adicionales y se agregaron cobros, manifestaron a La Nación empleadores como Pilar Picado, Henry Sanabria, José Enrique Rojas y la trabajadora nicaragüense Eufemia Martínez.
Las quejas surgieron luego de que Migración anunció, el pasado 1.° de agosto, que la última prórroga para legalizar a trabajadores, sin exponerse a multas, se venció el 31 de julio pasado, excepto para las actividades agrícolas, pues a estas se les amplió el plazo.
Eso implica que a partir del 1.° de agosto pasado quedaron vigentes las multas para los patronos. La sanción a la que se exponen va desde ¢798.800 hasta ¢4,8 millones.
Ese día entro en vigencia otra multa para quienes excedan el tiempo de permanencia en el país autorizado por Migración. Por cada mes, se les cobrará $100 y aplica para turistas, hombres de negocios y otro tipo de visitantes.
Picado explicó que desde febrero del 2013 presentó todos los documentos para poner en orden a la trabajadora doméstica, entre ellos, una certificación de ingresos del empleador autentificada por un contador, cuyo costo es de ¢50.000.
A eso, continuó, se debe agregar la gran cantidad de requisitos que estableció la ley.
Incluso se pide al patrono ir a Migración con la persona interesada. De no ser posible, los papeles deben estar autentificados por un abogado, lo cual también se debe pagar a ese profesional.
Eufemia Martínez dijo que hace año y medio pagó $200 para iniciar su legalización. Ahora le informaron de que el proceso ya está listo, pero debe aportar otros ¢60.000 que no tiene disponibles.
Sanabria denunció que la ley da tres meses para resolver y que lleva año y medio en proceso. Sin embargo, Migración señaló que son tres meses a partir de que el expediente esté completo.