La Dirección General de Migración y Extranjería anunció que, desde ayer 1.° de agosto, se aplicarán las multas a patronos que tengan trabajadores de servicio doméstico o de construcción sin legalizar su permanencia en el país.
La sanción va desde dos salarios base (¢798.800) hasta 12 salarios base (¢4,8 millones), según el grado de incumplimiento de la ley, explicó Kathya Rodríguez, directora general de Migración.
Así lo establece la Ley General de Migración, que entró en vigencia el 1.° de marzo del 2010. Sin embargo, el cobro de las multas no se había aplicado, primero por una amnistía y luego por prórrogas que se dieron durante casi dos años.
Rodríguez y la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, aclararon que se otorgó una nueva prórroga, pero solo para patronos del sector agrícola.
Los empresarios de ese sector tendrán, de aquí al último día de enero del 2015, para inscribirse en un registro especial. Luego, gozarán de un año para realizar todos los trámites de legalización.
La Policía de Migración, mediante la atención de denuncias, realizará los operativos para detectar irregularidades con los trabajadores migrantes.
En el caso de una trabajadora doméstica, se revisará no solo el estado migratorio, sino también las condiciones de trato, si recibe el salario mínimo, el aguinaldo y las prestaciones. Conforme a la cantidad de incumplimientos, se aumenta la multa al empleador.
Para los casos que no son del sector agrícola, Migración tiene abierta la inscripción normal de trabajadores. Durante las prórrogas pasadas se permitía iniciar un proceso a una persona que ingresó ilegal, lo cual no es posible, a partir del 1.° de agosto.
Rodríguez dijo que se tramitarán solo casos en que las personas tuvieron algún estado migratorio o a quienes tengan el pasaporte con vigencia.