El Banco Central objetó el proyecto de ley del Gobierno que promueve establecer un tope legal a los intereses de las tarjetas y a los créditos que son otorgados por los establecimientos comerciales.
Para el ente emisor, la iniciativa constituye un retroceso en los esfuerzos por aumentar los niveles de bancarización de las personas en el sistema financiero.
“Las políticas para controlar los precios y restringir la competencia en los mercados conducen a una represión financiera. (El proyecto) podría favorecer el crecimiento de la economía informal”, argumentó la Junta Directiva en el dictamen negativo sobre el plan, emitido el pasado 3 de setiembre.
El Gobierno presentó, a finales de agosto, a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Defensa al Consumidor ante la Usura en Tarjetas de Crédito.
La iniciativa califica como créditos de usura los préstamos con tasas que excedan dos veces el promedio de los últimos tres meses de la tasa de interés activa promedio del Sistema Financiero Nacional, calculada por el Banco Central.
Actualmente, esa tasa en colones está en un 15,88%, por lo cual el tope sería del 31,76%. A partir de ahí, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) intervendría para regular el mercado.
Fundamento. Mayi Antillón, jerarca del MEIC, enfatizó que el proyecto está fundamentado en experiencias de algunos países, como Chile y Colombia.
“Sabíamos que nos podían cuestionar el proyecto, pero son buenas prácticas que buscan tener un sistema financiero sano”, dijo.
Antillón recalcó que no entiende el fundamento del Banco Central, máxime cuando hay tarjetas de crédito con tasas de interés de más de un 50% y créditos en comercios que llegan al 70%.
Junto al proyecto del Gobierno, hay ocho propuestas más en el Congreso que promueven limitar los intereses. Sin embargo, ninguno ha recibido el debate final en el plenario legislativo.
Según el Departamento de Servicios Parlamentarios, otros siete proyectos para regular las tasas de interés fueron archivados en los últimos 15 años.