La directiva del Banco de Costa Rica (BCR) acordó limitar el acceso a las grabaciones en audio de las sesiones de Junta para evitar la filtración de la información.
Cinco de los siete miembros de este órgano colegiado acordaron denegar la entrega de estos registros de las sesiones a cualquiera de los directores, salvo que sea aprobado por la propia Junta, luego de una revisión previa de la petición, según el acta 33-17 del pasado 3 de agosto.
Mónica Segnini, presidenta del BCR, fue quien propuso la nueva restricción con el objetivo de "proteger" al Banco, afirmó.
"El Banco se ha visto impactado por las filtraciones de información (a la prensa), por el mal manejo de las comunicaciones y me corresponde, como presidenta, controlar el manejo de la información y su resguardo", afirmó Segnini.
La propuesta de Segnini tuvo el apoyo de los directores Evita Arguedas, Francisco Molina, Gustavo Arias y Alberto Raven. Mientras que se opusieron los directores Paola Mora y Ronald Solís.
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La nueva disposición se aprobó luego de que Mora pidiera copia de varios audios de sesiones a la Secretaría de Junta Directiva.
Además, luego de varias semanas de enfrentamientos en el seno del órgano director del BCR.
Las diferencias se han centrado en el préstamo otorgado por la entidad pública a la empresa Sinocem de Costa Rica, así como al aprobado a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para concretar la compra de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a Holcim Costa Rica.
A raíz de los enfrentamientos, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) alertó de los problemas de gobierno corporativo en el BCR.
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Incluso Javier Cascante, jerarca de la Sugef, se reunió el pasado 3 de agosto con el presidente Luis Guillermo Solís para alertarlo de los problemas, confirmó Casa Presidencial.
Fundamentos.
Mora aseguró que solicitó copia de los audios de las sesiones de Junta, como respaldo de los temas tratados ahí.
"Negar información atenta contra el principio de transparencia y acceso a la información pública de la que todos tenemos derecho", afirmó la directora.
Añadió que también sirve para constatar la transcripción de las actas cuando hay temas de alta relevancia y generan responsabilidades legales a los directores.
Por su parte, Segnini aseguró a La Nación que las grabaciones de las sesiones no son públicas, sino solo las actas de Junta, las cuales no son transcripciones literales.
La jerarca se fundamentó en una decisión jurídica hecha por Fabian Volio, asesor legal de la Junta; y Eduardo Ramírez, gerente Corporativo Jurídico del BCR.
Volio aseguró, durante la sesión del 3 de agosto, que los audios son solo material de apoyo.
"Se determinó que el acta aprobada en firme es el documento oficial que contiene los acuerdos a que ha llegado el órgano colegiado en sus sesiones", afirmó Volio, según el acuerdo dado por el BCR.
Actualmente, las grabaciones de las sesiones de Junta se eliminan 15 días hábiles después a partir de la aprobación en firme de las actas de la Directiva.
