Únicamente los patronos de las actividades agrícolas tienen una concesión de otros seis meses para poner en regla a trabajadores migrantes, según un decreto que publicará el gobierno en los próximos días.
Esta es una nueva prórroga a dos concedidas anteriormente antes de aplicar multas a quienes tengan empleados en condición irregular. La multa es de entre dos y 12 salarios base, que a la fecha asciende a ¢399.400.
Las dos anteriores prórrogas incluían a empleadores del área de la construcción y de servicio doméstico, los cuales quedaron fuera en el nuevo plazo.
En lo relativo a los empleadores agrícolas, se abrió un plazo de aquí hasta el último día de enero del 2015 para que se inscriban en un registro de empresas cuyo objetivo es poner en regla a sus empleados. A partir de febrero y durante un año, tendrán para realizar el proceso correspondiente de legalización.
Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, estimaban que la situación podría afectar a unos 200.000 extranjeros que laboran en el agro, la construcción y en servicios domésticos especialmente.
En cuanto al sector agrícola, este es uno de los más dependientes de la mano de obra foránea; por ejemplo, el sector piñero emplea una cantidad de 5.444 trabajadores migrantes y adicionalmente requiere de 845 personas durante la época de recolección de la fruta.
El sector cafetalero, por su parte, tiene una participación de recolectores extranjeros que va desde el 50% a 60% del total de la contratación.
