22 de los 605 aspirantes a una alcaldía (4%) fueron sancionados por la Contraloría General de la República. El grupo figura en 29 investigaciones.
A cuatro se les inhabilitó para ocupar cargos públicos por varios años y otros tres fueron destituidos del puesto.
A 13 se les dictó, al menos, una suspensión sin goce de salario de entre 8 y 30 días y a cuatro se les amonestó por escrito. Además, cinco de los aspirantes fueron castigados con multa.
La mayoría de las sanciones se dictó contra 13 alcaldes que pretenden reelegirse.
Las contrataciones al margen de la ley originaron la mayoría de las causas.
Los datos son parte de una investigación realizada por La Nación en los últimos cuatro meses. Para esta publicación, se analizaron los reportes del Sistema de Registro de Sancionados de la Contraloría, de enero del 2010 a enero de este año.
Los expedientes de cada aspirante fueron revisados en el archivo y en la Dirección Jurídica de esa entidad.
El análisis evidencia que solo a seis de los 22 investigados se les ha aplicado el castigo contralor. La mayoría de sanciones están pendientes porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declina hacerlas efectivas o porque los afectados han interpuesto demandas.
El TSE y la Contraloría mantienen diferencias sobre quién debe aplicar las penas dictadas contra funcionarios en cargos de elección popular.
Las sanciones fueron impuestas por anomalías cometidas cuando los actuales candidatos ejercieron como alcaldes o regidores municipales.
La Contraloría solo dio detalles de los procesos concluidos. Argumentó que tiene prohibido suministrar nombres de investigados o de denunciantes. Por lo tanto, la lista de investigados es mayor.
Mattis y Calvo llegaron a la alcaldía con el Partido Liberación Nacional (PLN), pero se cambiaron de acera. Mattis se postula ahora por el Partido Auténtico Limonense, y Calvo por el Partido Integración Nacional. Los involucrados alegan ser víctimas de “montajes” de sus enemigos políticos y tener limitaciones para controlar todas las acciones municipales.
Castigo. Fernando Villalobos, aspirante a la Alcaldía de Garabito por la Unidad Social Cristiana (PUSC) tiene el castigo más fuerte, al ser inhabilitado para cargos públicos por más de ocho años. El ente contralor le impuso esa sanción luego de que fue condenado a cuatro años de prisión, por el visado irregular de unos planos (prevaricato) .
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En tanto, el exalcalde de Atenas, Wilberth Aguilar Gatjens, postulante por el PUSC, pagó la multa más alta: ¢12,7 millones. Se le responsabilizó de autorizar un egreso municipal por ¢12,4 millones para construir aceras. Las obras no se terminaron y no estaban justificadas, según las normas de contratación administrativa. “ Eso son los montajes que le hacen a uno (…) Uno no puede estar en todo y saber todo”, arguyó Aguilar.
En suspenso. Otros 16 aspirantes tienen penas sin aplicar. Este es el caso de Jorge Calvo y Fernando Jiménez, alcalde y regidor de Abangares, respectivamente.
Para ambos se pidió la cancelación de credenciales y prohibición para ocupar cargos públicos por cinco años. El TSE no ha aplicado la sanción.
El exalcalde de San José Johnny Araya también tiene un castigo sin aplicar. Se le responsabiliza de autorizar sobrepagos a una empresa contratada para ordenar el catastro municipal y, por ello, se ordenó una suspensión de 15 días sin goce de salario. Araya Elevó el caso al Tribunal Contencioso, que aún no ha resuelto.
“La sanción al día de hoy no existe. Hay una recomendación de la Contraloría, pero no se ejecutó y no ha adquirido firmeza porque la apelé . No tuve ninguna responsabilidad”, replicó Araya, quien aspira a llegar a la Alcaldía josefina con el Partido Alianza por San José. Sin embargo, la Contraloría aseguró que la resolución está en firme.