Una empresa de consultoría fundada por el hasta ayer ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y su esposa, la exasesora de la Casa Presidencial, Flor Isabel Rodríguez, omitió ingresos por al menos ¢50 millones en su declaración de impuesto sobre la renta del 2010.
La sociedad Procesos, Investigación y Asesoría CA, creada por Herrero y su esposa en 1998, registra en el Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIAT) ingresos de ¢20.575.421 para el período fiscal 2009-2010.
Sin embargo, facturas y cheques en poder de este diario revelan que esa compañía recibió al menos ¢71 millones en ese lapso.
Consultado el sábado sobre su participación en Procesos, Herrero manifestó que él se desvinculó de la empresa desde el 2006, cuando asumió el cargo de regulador general de la República.
"Yo no soy accionista de Procesos; eso es de Flor Isabel ", aseveró el pasado sábado el entonces ministro, quien alegó que su esposa había salido de vacaciones y no iba a localizarla para responder las consultas.
El sábado se les envió a Herrero y a Rodríguez un cuestionario sobre las declaraciones de renta de Procesos.
El domingo, Herrero dijo que tenía problemas para ubicar a las personas que custodian los documentos necesarios para responder las consultas.
Ayer en la noche, luego de que su esposo renunció como ministro de Hacienda, Flor Isabel Rodríguez envió un correo en el que indica que no puede precisar el monto de ingresos declarado por Procesos en el 2010, debido a que no tiene a mano las declaraciones. Además, alegó que la información tributaria "es privada".
Herrero y su esposa comparecieron como únicos dueños de la compañía Procesos, en una escritura de setiembre del 2006 en la que se autorizó un cambio en la Junta Directiva de la firma.
Sin embargo, el exministro asegura que su esposa es hoy la única dueña de la compañía luego de que él le traspasó sus acciones. Herrero manifestó que dejó de ser accionista antes de asumir como ministro de Hacienda, pero alegó que no cuenta con la copia de la cesión o traspaso. El exministro fungió como director ejecutivo de Procesos hasta febrero del 2006.
Mediante la empresa Procesos, Flor Isabel Rodríguez era, hasta ayer, asesora de la presidenta Laura Chinchilla.
Procesos, además, asesoró a Chinchilla durante su precandidatura en el Partido Liberación Nacional (PLN) y como candidata a la Presidencia de los verdiblancos.
Las contrataciones fueron adjudicadas por la Presidencia de la República (2011), la Refinadora Costarricense de Petróleo (2011) y el PLN (2009-2010).
Dos sumas, tres expedientes. Según refleja el sistema de cómputo tributario, SIIAT, Procesos reportó ingresos totales por ¢20.575.421 para el período fiscal 2009-2010.
Sin embargo, en dos expedientes oficiales consta que esa empresa recibió al menos ¢71 millones durante ese mismo período fiscal.
En el SIIAT, Procesos reporta pérdidas por ¢58,7 millones para ese año fiscal.
Esas pérdidas resultan de la diferencia entre los gastos totales que reportó para ese año (¢79 millones) y sus ingresos, ¢20 millones.
Las declaraciones de Procesos en el SIIAT no desglosan los ingresos ni los gastos; esa información solo debe entregarse si Tributación Directa la solicita.
Lo que sí debió de haber presentado Procesos y no figura en el sistema, es un detalle con los nombres de los terceros con los cuales tuvo relaciones comerciales.
Esos datos deben desglosarse en un formulario conocido como declaraciones informativas.
Por no contar con ese detalle, es imposible determinar a cuáles servicios corresponden los ¢20 millones que figuran como ingresos totales para el período 2009-2010.
El Código de Normas y Procedimientos Tributarios exige a personas físicas y jurídicas declarar, individualmente, ingresos para el pago del impuesto sobre la renta.
Levantamiento de prohibición. Un expediente que Flor Isabel Rodríguez inició en la Contraloría de la República revela que Procesos recibió al menos ¢71 millones del PLN durante el período fiscal 2009-2010.
Por ser esposa del ministro, Rodríguez, sus empresas y sus hijos, estaban afectados por una prohibición de la Ley de Contratación Administrativa.
Esa ley impide a los familiares cercanos de ciertos funcionarios públicos a contratar con el Estado.
En mayo del 2010, Rodríguez solicitó a la Contraloría que le levantara esa prohibición a ella, a la firma Procesos y a su hijo Mauricio Herrero, apoderado de Procesos.
Fundamentó su petición en el hecho de que se desempeña como consultora en opinión pública, comunicación política y estrategia desde hace 30 años, mucho antes de que su esposo llegara a ser ministro de Hacienda.
La Contraloría aprobó levantar la prohibición en julio del 2010.
Para ese trámite, la propia Rodríguez entregó facturas cobradas por Procesos al PLN por un total de ¢71.037.580. Ese fue el monto que el PLN le pagó a la empresa por su asesoría a la entonces candidata a la Presidencia, Laura Chinchilla.
El PLN incluyó esa asesoría como parte de la deuda política que descontó en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En el expediente del TSE constan no solo las facturas, sino también los cheques que el PLN giró a Procesos por sus servicios.
El mayor de esos cuatro cheques, por ¢27,8 millones, lo cambió el ministro Herrero el 23 de diciembre del 2009.