Hacía falta un
Y la solución llegó: las cámaras para el control de velocidad. Larguiruchas, feas como un demonio, clavadas en las orillas de las autopistas –¿autopistas?–, acapararon las portadas de la prensa y el tiempo de los telediarios. Lo hicieron no tanto por los elogios y aplausos recibidos –que los hubo–, sino, sobre todo, por la crispación de los conductores y de una buena parte de la opinión pública.
Nunca se queda bien con el bicho humano. Acerbas críticas e indignados reclamos pulularon acá, acullá y por doquier. Y, de adehala, una ingrata y escuálida memoria colectiva echó pronto en el olvido los ingentes esfuerzos e inusitado entusiasmo que habían derrochado el MOPT, Tránsito, Cosevi y toda la corte celestial para traer estas máquinas del Primer Mundo.
La preparación para poner a funcionar las cámaras fue larga, y las postergaciones se repitieron una y otra vez. Sin querer, el MOPT fue creando en los conductores una atmósfera de suspense, casi tan inquietante como la de las películas de Alfred Hitchcock. Las primeras emociones se dieron en octubre del año pasado con la instalación de 12 de esos inmisericordes ojos en las autopistas General Cañas, Florencio del Castillo y Próspero Fernández, y en la carretera de Circunvalación, pues también salió premiada.
Después había que hacer pruebas. La tecnología también falla, y, más aún, los programadores. No fuera que estos juguetitos marcaran 59 kilómetros por hora a algún cristiano que iba a 95. Desperdiciar una multa –y ¡qué multas, Dios!– sería fatal. Los resultados fueron alucinantes: nueve de cada diez conductores sobrepasaron los límites de velocidad.
“Conducimos carros del Primer Mundo en carreteras del Tercer Mundo. No podemos levantar el límite de velocidad”, dijo en enero Héctor Monge, a la sazón director del Cosevi. A renglón seguido, el ministro de Transportes, Francisco Jiménez, manifestó que no descartaba hacer nuevos estudios al respecto. Esta divergencia auguraba que ardería Troya.
El límite promedio de velocidad permitido en las carreteras es de 60 kilómetros por hora, convertido en 79 de cara a las cámaras –19 kilómetros más– gracias a la infinita generosidad del MOPT. Pero, eso sí, de 80 kilómetros para arriba, los radares enloquecen, se dispara la foto y' ¡a pagar!
En julio, Roy Barrantes, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, de la Universidad de Costa Rica, señalaba que debería haber una “correlación” entre las cámaras, la infraestructura y las velocidades. “De lo contrario, si no hay correlación, el cien por cien de la gente va a frenar de golpe para evitar la multa y aumentará el riesgo de accidentes, o el cien por cien va a incumplir la norma”, puntualizó.
Troya sigue hoy en llamas. Nada sirvió de nada. Total, que no se variaron los límites, y conductores e ingenieros los consideran ridículos, propios de quelonios, una descarada y burda trampa para la billetera.
Pasaron los días, las semanas, los meses. Ya todo estaba a punto. Probadas las cámaras hasta la saciedad, estas émulas del Gran Hermano, de George Orwell, esperaban enhiestas desde las alturas, impasibles, con una cierta dignidad insultante. Mientras tanto, los conductores se disponían a desfilar frente a ellas como corderos al matadero.
Por fin, llegó el momento de la verdad. ¡Luces, cámara, acción! Desde el primer minuto del 8 de setiembre, un día para los anales, esos terribles artefactos, de figura extraterrestre, no pararon de hacer lo que tenían que hacer. Conforme transcurrían las horas, iban también aumentando las cifras a una velocidad vertiginosa. Estalló una orgía, una frenética danza de miles de multas y miles de millones de colones. El Cosevi se frotaba las manos, y los infractores, al borde de un ataque de nervios, hacían sus cábalas para pagar, aun a costa de vender el alma al diablo.
El país se mareó con los números: una sanción de ¢308.000 por exceder en 20 kilómetros la velocidad permitida, y de ¢411.000, si se va a 120 kilómetros por hora o más; 1.815 multas en las primeras 16 horas de vigilancia, para un total de ¢559 millones; 3.031 infracciones en el primer día, equivalentes a dos por minuto, ¢934 millones; del 8 al 20 de setiembre, 15.429 partes, casi ¢5.000 millones; luego, del 21 al 27 del mismo mes, 3.862 multas más, unos ¢1.200 millones, y' suma y sigue.
¡Una bicoca de ¢308.000 por ir a 80 kilómetros por hora, y en un país donde ganar ¢1 millón al mes infunde respeto y envidia! Las cabezas más serenas coincidieron en que los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad habían muerto en este atropello. Que en paz descansen.
Después, tras percatarse del entierro, la presidenta de la República pidió exhumar los restos y analizarlos, y la Asamblea Legislativa prometió revisar por enésima vez la ley de tránsito. Y la Sala Constitucional anunció tardíamente, el 13 de octubre, que desde junio estaba suspendido el cobro de multas por violar los límites de velocidad, pues en ese mes había acogido para su estudio una acción de inconstitucionalidad y, más recientemente, un recurso de amparo contra las cámaras. ¡Qué toma y daca! ¡Qué locura!
Y el Cosevi, aguerrido defensor de la invariabilidad de velocidades y multas –excepto que estas suban y aquellas bajen–, a un tris del suicidio en su impaciente espera del fallo del alto tribunal, se deprimió profundamente y se rajó. El 3 de noviembre, aduciendo “inseguridad jurídica e incertidumbre”, adelantó un regalo de Navidad: el merecido descanso para las cámaras y la suspensión de las sanciones durante seis meses. ¡Qué vorágine! ¡Qué desvarío!
Los minúsculos caletres de algunos provocaron una situación hiperbólica, tragicómica, kafkiana, digna del realismo mágico, una historia interminable que sobrepasará el punto final de estas líneas. Ni dudarlo: solo la ley de la gravedad funciona bien en Costa Rica.
A veces no hay que ser de carne y hueso para escribir alguna página de la historia de un país. Aquí acaban de hacerlo esos aparatos controversiales, esperpénticos y, sin embargo, necesarios