En Nicaragua, lo insólito se ha vuelto cotidiano. En enero, el presidente Daniel Ortega prorrogó por decreto el nombramiento de 25 altos funcionarios, incluidos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuya elección corresponde al Congreso. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el gobernante sandinismo, avaló la invasión de las potestades del Poder Legislativo, allanando, de paso, el camino de Ortega hacia una nueva candidatura presidencial en el 2001.
El decreto de Ortegaregirá mientrasel Congreso “no cumpla con su deber constitucional” de renovar los nombramientos, pero los legisladores no logran concretar ese cometido en virtud de la injerencia del Ejecutivo en la Cámara dominada por los sandinistas. Si el Congreso no hace los nombramientos, no existe fundamento legal para prorrogarlos, pero Ortega llenó el vacío con un simple decreto, luego avalado por la mayoría oficialista de la Corte.
Para despejar toda duda, como si eso fuera posible, la bancada de Ortega aprobó, el martes, un texto de la Constitución que revive un artículo antes derogado para permitir a los altos funcionarios conservar el cargo una vez vencidos sus nombramientos. El decreto de Ortega ahora figura también en la Constitución, sin demasiadas solemnidades. La votación se hizo aprovechando un descuido de las fracciones opositoras, cuyos diputados hablaban por teléfono, visitaban la cafetería o leían el periódico. El episodio se constituye, de inmediato, en una página destacada del folclor latinoamericano.
Uno de los funcionarios ratificados en el cargo por el curioso decreto –ahora mandato constitucional– es Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, quien alberga en Costa Rica a los hijos del mandatario nicaragüense. Naturalmente, Rivas ya se pronunció a favor de la candidatura de Ortega al amparo de otro polémico fallo, que el año pasado derogó la prohibición constitucional de la reelección presidencial sucesiva. La sentencia, que también declaró inaplicable la limitación del número de mandatos a dos, se dictó en una sesión con exclusiva asistencia de magistrados sandinistas.
En Nicaragua, hay magistrados de gobierno y magistrados opositores. Estos últimos están en minoría y uno de ellos, Édgar Navas, salió a la prensa para denunciar la legitimación judicial del decreto de Ortega como “un absurdo y una ilegalidad más de los sandinistas”. En cuanto a la autorización de la reelección presidencial, la intervención de la Corte fue necesaria porque el mandatario no logró negociarla en el Congreso, como sí consiguió, antes de los pasados comicios presidenciales, negociar con el exmandatario Arnoldo Alemán una reducción del porcentaje de votos necesarios para ser elegido. En una curiosa coincidencia con el caudal electoral histórico del sandinismo, la reforma permite obtener la victoria en primera ronda con el 35% de los votos y cinco puntos porcentuales de ventaja sobre el contrincante más cercano.
La Constitución y las leyes son en extremo maleables y se acomodan siempre a los resultados pretendidos por Ortega. El círculo está cerrado y lo que el Ejecutivo desea, el Judicial lo refrenda y el Electoral lo acoge con entusiasmo. El Congreso, paralizado por las luchas internas, es un simple espectador, para beneficio del partido gobernante, salvo un descuido de los grupos opositores, como sucedió el martes. Entonces sí actúa en refrendo de los deseos del Presidente.
La institucionalidad, en suma, está doblegada y los principios básicos del gobierno democrático no operan, en especial la división de poderes. Solo así se explican las virtudes reformadoras de un simple decreto presidencial, cuya jerarquía entre las normas jurídicas es la más baja. Absurdo como es el planteamiento, responde a un patrón en boga en varios países del Continente.
Lo mismo en Nicaragua que en Venezuela, los líderes autoritarios ganan el poder en los comicios para luego perpetuarse en él, confeccionando un Estado a la medida; es decir, un Estado a su imagen y semejanza. La democracia se reduce al ejercicio formal del sufragio, con mayor o menor respeto a los verdaderos resultados, pero se esfuman las garantías y controles propios de las naciones verdaderamente democráticas.
En todos los casos, los pueblos pagan con una desesperanzada sumisión a la miseria, porque la relación entre institucionalidad democrática, progreso económico y desarrollo social está bien establecida. Mientras Nicaragua no consiga desligarse de los vicios apuntados, pocas son las posibilidades de avance.
Ortega será candidato con el viento de cola a su favor. Presidirá los comicios un Consejo Electoral amigable, ya cuestionado por su actuación durante las polémicas elecciones municipales de noviembre del 2008. Una Corte Suprema de Justicia con mayoría sandinista estará a mano para resolver las disputas previsibles. El bajo porcentaje de votos necesario para revalidar el mandato no será problema, está arreglado desde hace cuatro años.