Las aspiraciones de la Cámara fueron confirmadas en el arranque del juicio en la instancia contenciosa, que se sigue contra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Tanto Canaba como el sindicato de empleados de Japdeva (Sintrajap) insisten en que el contrato de casi $1.000 millones y el proceso de adjudicación están viciados de nulidad.
Entre otras cosas, alegan que el proceso careció de estudios técnicos y de impacto ambiental, que son requisitos establecidos en la ley de contratación administrativa y la ley de concesiones.
Además de Japdeva, Canaba demandó a la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de Concesiones, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y APM Terminals.
El proceso arrancó esta mañana en una sala del segundo circuito Judicial de San José en Goicoechea. En las afueras de la sala y el resto del edificio, hay mayor presencia de oficiales de Fuerza Pública, para evitar protestas.
En la mañana los jueces trabajaron en el ajuste de pretenciones y una coadyuvancia presentada, a título personal, presentada por Eliécer Saavedra, como empleado de la estiba que se opone al contrato.
Se presume que el proceso concluirá en cinco días.
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