Tribunal ordena nueva audiencia para definir si sospechoso de falsa vacunación sigue libre

Este martes fue acogida la apelación que hizo la Fiscalía ante ausencia de medidas contra técnico de la CCSS

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El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública declaró con lugar los alegatos de la Fiscalía, por lo que ordenó una nueva audiencia para conocer las tres denuncias contra un sujeto acusado de falsa vacunación contra la covid-19.

Al acoger la apelación de la Fiscalía, el caso vuelve a empezar en el Juzgado Penal de Hacienda en una fecha que está por definirse.

De esta manera se revoca lo decidido por el Juzgado Penal de La Unión, que el 1.° de mayo ordenó liberar al hombre, de apellidos Arrieta González.

Ahora se debe esperar la nueva valoración de las autoridades para determinar la situación jurídica del sospechoso, pues originalmente la Fiscalía había solicitado medidas cautelares.

El Poder Judicial informó de que el caso contra Arrieta fue trasladado al tribunal especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos.

Arrieta, quien se desempeñaba como Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es sospechoso de simular la vacunación de adultos mayores en La Unión, donde tres de ellos formalizaron denuncias en su contra.

Elías Rodríguez, de 82 años, fue el primero que puso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), amparado en un video que captó su hijo en donde se evidencia que se le habría engañado a la hora de vacunarlo.

Tras la captura del sospechoso, el 30 de abril, la Fiscalía de La Unión, Cartago, solicitó medidas cautelares contra Arrieta, pero el juez de La Unión no las aceptó y por eso se apeló esa medida.

La audiencia privada de este viernes comenzó a las 8:30 a. m. en los Tribunales de Goicoechea y se extendió por más de una hora y media.

La Fiscalía informó de que el caso se mantiene en la etapa de recolección y análisis de prueba y por ahora no puede adelantar las medidas cautelares que va a pedir contra Arrieta.

Por su parte, la CCSS separó del cargo al funcionario y abrió un proceso disciplinario.