Un incumplimiento del convenio y la falta de presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para compra de tierras, impiden desde hace más de un mes el acceso de turistas al mirador del volcán Turrialba, lo cual propicia de nuevo el ingreso de ilegales a las cercanías del cráter.
Solo en el último mes, los guardaparques han interceptado a 40 caminantes ilegales en las cercanías del coloso, a quienes la administración del Parque Nacional les hizo una prevención y tomó los datos para que, en caso de entrar ilegalmente de nuevo a cualquier área protegida del país, se les presente a la Fiscalía para ser procesados en la vía judicial, tal y como lo dispone el artículo 54 de la Ley Forestal (N.° 7575) y el artículo 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales (N.° 6084)
El ingreso al Parque Nacional Volcán Turrialba quedó cerrado desde el 15 de octubre, debido al incumplimiento del convenio firmado entre el Sinac y el finquero Arnoldo Solano, para permitir la entrada de turistas por su finca en el sector llamado Monte Calas, que queda en El Tapojo, Santa Cruz de Turrialba. Este ha sido parte de constantes cierres desde su apertura en diciembre del 2019.
Según Meryll Arias Quirós, directora del Área de Conservación Central (ACC), el departamento de Asesoría Legal del Sinac activó las acciones correspondientes por incumplimiento en ese convenio de concesión de servicios de actividades no esenciales, donde además está una asociación de desarrollo local y el Instituto Costarricense de Educación Turística (Icetur).
“Lo ideal sería comprar tierras, pero debido a la situación presupuestaria del país, desde el 2020 el Sinac no tiene fondos para ese fin, lo cual nos tiene atados de manos”, afirmó Arias.
Dijo que la meta es buscar una salida pronta para reabrir y con ello disminuir la presión que existe sobre esa área protegida, así como generar beneficios a la comunidad. Antes de que el volcán se reactivara, el Parque Nacional tenía una visitación aproximada a las 4.000 personas por año.
El SINAC y el Icetur buscan nuevas rutas de acceso, pero la administración pública exige que, en caso de hallarlas, se modifique el contrato, lo cual lleva un trámite que pone en riesgo la apertura antes de que termine este año, a menos de que se solvente el problema con el finquero Solano, el cual surgió al parecer como represalia ante el municipio, que le pidió ponerse al día con varios asuntos pendientes.
Desde el 2020 el camino principal al macizo que era por el sector de finca La Central, sobre la ruta nacional 417, entró en un litigio legal, ya que los apoderados de esa hacienda reclaman ese paso como de su propiedad. María Gutiérrez, esposa de Abdenago Montero, dueño de la Hacienda La Central, afirmó en el 2020 que fue imposible llegar a un acuerdo favorable con el municipio y tuvo que contratar abogados para hacer valer sus derechos y por eso, decidió cerrar el paso.
Gutiérrez y sus familiares buscaban un mecanismo de cobro, similar a un peaje, que permitiera dar mantenimiento y mejoras al camino de acceso al mirador, debido a la devastación que sufría por las visitas en épocas vacacionales y a que los carros parqueados impedían hasta el paso del ganado de ellos cuando iba al ordeño.
“Propusimos un peaje para cuidar la propiedad, porque queremos protegerla, pero hace dos años de eso y nada sucede”, indicó Gutiérrez. Al no llegarse a acuerdos ese paso sigue cerrado.
Esos diferendos también afectan la parte científica, porque personal del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) tiene dificultad para entrar a la cumbre a realizar monitoreo de signos volcánicos, así como al mantenimiento de las cámaras de video y demás equipos. Lo mismo ocurre con personal de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Javier Pacheco, del Ovsicori, dice que en ocasiones han tenido que entrar por la zona de Los Quemados, donde la finquera Laura Pacheco les permite el paso, pero en una parte del camino se debe avanzar a pie, lo que dificulta llevar pesados equipos y baterías para la estación.
Ilegales dañan naturaleza
Reyna Sánchez, administradora del Parque, indicó que la entrada de ilegales afecta el bosque de páramo, así como el bosque pluvial montano y las especies asociadas. En los patrullajes es usual encontrar fogatas, basura y plásticos en zonas no autorizadas. La situación con los ingresos ilegales siempre se complica cuando el acceso al mirador se cierra.
Aramis Elizondo, guardaparques de 59 años, dice que los grupos de hombres y mujeres que entran de manera furtiva implican para ellos un riesgo, ya que los obligan a realizar operativos por zonas escarpadas, con el fin de interceptarlos, reseñarlos y expulsarlos del área prohibida. Unos ingresan por La Silvia, otros por el sector de Los Bajos, al aprehenderlos se les hace una prevención por escrito.
Entre los daños que han encontrado los guardaparques está la corta de vegetación, apertura de trillos entre la maleza, habilitación de miradores clandestinos y mucha erosión en sitios que son de interés por la presencia de felinos, coyotes, dantas y otros animales silvestres.
“Es una amenaza que se ha ido incrementando en los últimos años a toda hora y en muchos parques nacionales”, dijo Reyna Sánchez, quien llamó a la población a colaborar en la preservación de esas áreas que son de todos los costarricenses.
Todavía en el volcán se observa la salida de gases, pues aún quedan residuos de magma caliente y se requieren muchos años para que ese material rocoso se enfríe, de modo que cuando hay contacto entre las cámaras de gases y el sistema hidrotermal surgen emanaciones de gas que suelen observarse desde lejos en la cima del cráter.
En enero de este año hubo una erupción freática. Otras similares pueden ocurrir como parte del proceso decadente que enrumba ese volcán hacia el estado de reposo, como en el que estuvo durante más de 140 años y del que comenzó a despertar en el 2010. Luego alcanzó su fase más fuerte en el 2015 y 2016. Antes de este periodo eruptivo, el volcán tuvo erupciones freatomagmáticas entre 1864 y 1866.
En caso de que una erupción como la de enero pasado sorprenda a caminantes ilegales, las consecuencias por posibles gases calientes o flujos piroclásticos pueden ser graves.
Buscan arreglo
Diego Madrigal, miembro del Icetur, entidad encargada de las visitas, afirmó que se busca crear una nueva ruta de acceso al área protegida, paralela a la de Monte Calas, cuyas propietarias están dispuestas a ayudar para que el volcán reabra el acceso a turistas cuanto antes.
Sin embargo, el jueves 17 de noviembre avanzaron las gestiones de diálogo entre el Sinac, el ACC y Arnoldo Solano, propietario de la finca de acceso por Monte Calas. Según Meryll Arias, de la ACC, se espera poder reabrir el acceso a los visitantes por ese sector en los próximos días.
Allí hay 12 familias del consorcio Icetur que se han visto afectadas por el cierre y claman por una salida que ayude a reactivar la economía en la zona, máxime que la estación seca ya llegó y es cuando la gente más visita los volcanes. Estas familias se encargan de toda la logística, desde hospedajes, alimentación, parqueo, guías y traslados y, al cerrarse el acceso, quedaron sin recursos.
Entre el 1.° de setiembre y el 15 de octubre, cuando estuvo abierto el acceso por última vez, se recibieron más de 100 turistas. Luego vino el cierre que los obligó a devolver el dinero de unas 60 reservaciones. Durante el mes que ha estado cerrado han recibido unas 400 llamadas de interesados en visitar ese volcán, a quienes han dicho que será hasta nuevo aviso.
Madrigal dijo que están listos para retomar actividades con horarios de madrugada, diurnos y nocturnos, con el fin de desincentivar el ingreso de personas ilegales. Ese ascenso tendrá un costo aproximado de ¢14.000 e incluye un lugar donde llegar y guardar las cosas, acceso a sanitarios, disponibilidad de ducha, póliza, casco de seguridad y el acompañamiento de un guía certificado.
Agregó que la idea es volver a escalar con grupos de entre ocho y 20 personas desde las 2:30 a. m. con el fin de estar en la cima dos horas después y disfrutar del recién inaugurado mirador hacia el Caribe. Este sendero de unos 400 metros hace aún más vistoso este paraje turístico y se espera que propicie una mayor visitación al Parque Nacional.
Lo anterior sin riesgos, sin pagos secretos, sin senderos ilegales entre fincas y a escondidas, como lo promueven en redes algunas personas que además cobran cifras exageradas y exponen a la gente a una serie de peligros en la montaña.
Idania Urbina, quien es parte del nuevo proyecto de Icetur, afirmó que la idea es vender un paquete que reactive la economía, con visitantes que lleguen al cantón, se hospeden y visiten un volcán activo con todas las medidas de seguridad.
Una vez que se reactiven las caminatas, serán para personas acostumbradas a caminar bastante, pues de momento no hay facilidades para visitas familiares, como las de otros volcanes.
Para escalar al mirador se requiere capa y zapatos adecuados y no se permiten niños menores de 12 años ni personas con problemas cardiacos, asmáticos, con una cirugía reciente o mujeres embarazadas, pues la topografía exige mucho esfuerzo.
Se prevé que cuando se reabra se mantendrá el costo de ¢14.000 para nacionales y ¢22.500 para extranjeros, más los ¢1.000 de entrada que cobra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el impuesto del 13%.
Al ser administrado por un consorcio, parte del dinero que los ciudadanos paguen se destina a la Asociación de Desarrollo integral de Calle Vargas, para que lo invierta en proyectos sociales, así como para los guías y un canon va al Sinac.
Para reservar el viaje se va a habilitar el sitio www.icetur.com. Los dueños de restaurantes esperan la reapertura para que se refuerce la visita segura al volcán, de modo que al igual que existe alrededor de otras cumbres, como la del Chirripó, los poblados cercanos se beneficien con el turismo sostenible.