La Procuraduría de la Ética Pública querelló y demandó civilmente al exdiputado de Renovación Costarricense Abelino Esquivel Quesada, por los supuestos cobros indebidos que hizo a subalternos en la Asamblea Legislativa durante el 2017 y hasta abril pasado.
La querella se presentó este lunes ante el Juzgado Penal de San José y en la acción judicial también se imputó a su esposa de apellidos Cortés Oporto y una hermana del exlegislador también de apellidos Esquivel Quesada, informó en un comunicado de prensa la Procuraduría.
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Por el momento, no se tiene el monto del daño civil causado, pues se requiere que el asunto sea evaluado por un perito. La cifra de la presunta afectación al país será comunicada en una fecha posterior.
La querella se adjunta al proceso penal que enfrentan los tres demandados y que fue dado a conocer el viernes anterior por el Ministerio Público. A exdiputado y su hermana se les acusa de cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito. En tanto, a Cortés la vinculan con dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría denunció al exlegislador del periodo 2014-2018 ante la Fiscalía el 27 de junio, bajo el supuesto de que Esquivel, en condición de diputado, les exigía parte del salario a varios de sus asesores de despacho. Según la denuncia de los funcionarios Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez, los cobros sumaban ¢575.000 al mes.
Los cobros, aparentemente, los hacía la hermana del exlegislador, quien se desempeñaba como jefa de despacho.
A Esquivel, además, se le achaca haber gestionado el nombramiento de su esposa como asesora, aunque esta no se presentaba a laborar.
Ahora será el Juzgado Penal el que analice los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y la Procuraduría, para determinar si el caso se eleva a juicio.
Esquivel, consultado telefónicamente el viernes sobre la acusación dijo: “No voy a referirme a ese tema absolutamente. Así que por favor. No voy a referirme absolutamente”. Luego cortó la llamada.
Paralelamente, la Procuraduría de la Ética Pública remitió a la Asamblea Legislativa una acción de recomendación, cuya finalidad es que hechos similares no se vuelvan a repetir.
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“Se recomienda que en virtud de los hechos investigados a través de la denuncia diligenciada por esta Oficina bajo el expediente DEP-70-2018 en contra del exdiputado Abelino Esquivel Quesada, esa institución (la Asamblea Legilsativa) establezca controles administrativos más estrictos, que impidan que situaciones como las relatadas se presenten nuevamente en el seno de esa institución”, precisa la nota.
También solicitaron al Congreso a realizar “las reformas pertinentes a la legislación vigente, a fin de establecer las causales de responsabilidad y su consecuente sanción, ante violaciones al deber de probidad en que incurran los diputados”.
La denuncia que originó el caso
Los hechos por los cuales se acusa a Esquivel tienen que ver con cobros que él supuestamente le exigía a sus asesores legislativos de confianza, bajo el argumento de que eran contribuciones para el Partido Renovación Costarricense.
Tres colaboradores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez fueron quienes denunciaron públicamente que el diputado los obligó, durante varios meses desde el año pasado y hasta abril del 2017, a entregarle a él una parte de sus salarios, sin que les explicaran mayores razones.
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Marín tenía que darle al diputado ¢50.000 al mes; Rodríguez, ¢125.000, y Oconitrillo, ¢400.000. En total, la suma mensual ascendía a ¢575.000.
El delito de concusión castiga con prisión de dos a ocho años al funcionario que, abusando de sus funciones, obligue a alguien a dar indebidamente un bien o beneficio personal. Mientras que el enriquecimiento ilícito pena con prisión de seis meses a dos años al funcionario que utilice con fines de lucro para sí o para un tercero datos reservados en razón de su cargo.