La Procuraduría General de la República (PGR) reclamó ¢34 millones por daño social a los cuatro funcionarios del Cuerpo de Bomberos acusados por la compra irregular de dos esculturas, informó este martes la institución abogada del Estado.
Este monto fue estimado por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), como parte de la demanda civil dentro del expediente 21-182-1218-PE.
Esta causa se abrió en contra de Héctor Chaves, director de Bomberos; José Daniel Mora Montenegro, Jefe de Servicios Generales; Walter Francisco Chacón Morales, profesional administrativo II en la unidad de Servicios Generales y Juan Guillermo Alvarado Mesén, Director Administrativo.
Según la acusación del Ministerio Público, los funcionarios habrían usado la caja chica para fines diferentes a los establecidos por ley, al pagar por el diseño de dos esculturas realizadas por el artista costarricense Édgar Zúñiga, sin que el gasto estuviera contemplado en esa partida. Las esculturas fueron colocadas a las afueras de las nuevas estaciones, en San José.
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Al parecer, se usó información falsa para instruir la contratación del artista sin concurso y sin valorar otras opciones en el mercado.
El creador de las esculturas, Édgar Zúñiga, solicitó un pago inicial para el diseño de ¢10 millones. Esa transacción inicial se hizo con la caja chica, pero el costo total de las piezas, por ¢102.830.000, fue desembolsado por el Banco Nacional, mediante un fideicomiso con Bomberos, de donde se suponía debían salir todos los desembolsos por estas esculturas.
Chaves también fue señalado por presuntamente utilizar un vehículo institucional para uso personal. A él se le acusó por los delitos de malversación, influencia en contra de la Hacienda Pública, falsedad ideológica y peculado de uso.
En el 2022, el director ya había sido sancionado por cinco días sin goce de salario por autorizar el pago de la caja chica, según un informe de procedimiento administrativo disciplinario, incluido en el expediente BCBCR-02-2021, divulgado por La Nación en junio del 2022.
Contra Mora y Alvarado la acusación es por malversación, influencia en contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica, mientras que a Chacón se le acusó por malversación e influencia en contra de la Hacienda Pública.