El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, propuso crear una oficina de política criminal que se encargue de analizar las estadísticas relacionadas con los delitos cometidos en el país. Cruz mencionó esta propuesta la mañana de este martes en una reunión con integrantes de la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados, en la sede del Alto Tribunal, en Sabana Sur de San José.
“El Ministerio de Justicia debiera tener por lo lo menos una oficina de política criminal que siga las estadísticas, que siga las tendencias, que determine el derecho comparado, etcétera”, indicó Cruz.
“Para que cuando haya problemas, no es que todos busquemos a ver a dónde, no, es que hay diagnósticos anuales del estado de la política criminal, pero con sociólogos, criminólogos, abogados, etcétera, pero no tenerlo es una deficiencia muy grande (...). Diez personas dedicadas a esto a tiempo completo ya le harían un gran favor al país”, declaró el magistrado.
Cruz expuso esta idea ante Marcela Ortiz y Jorge Roberto Méndez, representantes del Colegio de Abogados que habían solicitado la reunión para exponer sus propuestas para atender la alta criminalidad que enfrenta el país. Además de Cruz, allí estuvieron presentes los magistrados Fernando Castillo, Jorge Araya, Luis Fernando Salazar y José Roberto Garita.
Esta entidad ya había presentado su plan ante la Asamblea Legislativa, el pasado 17 de enero.
Los abogados proponen generar un plan de trabajo para los próximos 15 años, que tiene entre sus propuestas principales devolver al Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fondos provenientes de gravámenes como: el impuesto a las cajas de banano (ley 7313) y el impuesto a los casinos (ley 9050).
Esto ayudaría a solventar los profundos problemas presupuestarios que ha señalado el ministro actual de Seguridad, Jorge Torres, así como el ministro del Gobierno anterior, Michael Soto.
Además, mencionaron que la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados impulsa un proyecto para prohibir el uso de bloqueadores de señales celulares y de GPS, artefactos usados por organizaciones criminales para evadir los controles de transporte de mercadería.
Asimismo, señalaron que ya le presentaron a Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, un plan para aumentar las penas contra prestamistas de gota a gota.
Al respecto, Cruz indicó que comparte la intención del Colegio, pero aseveró que esa visita a la Sala Constitucional se puede interpretar como que se le echa la culpa de la inseguridad a los magistrados.
“Aprecio mucho la visita. El problema es el simbolismo de eso, porque para mucha gente la culpa de la inseguridad ciudadana es tanta garantía, y tanta garantía viene de aquí, la visita de ustedes tiene ese efecto simbólico, es decir, hay inseguridad por parte de la Sala”, dijo Cruz.
El magistrado, además, reprochó al Colegio no pronunciarse ante los diputados sobre el plan de reforma constitucional que limitaría la reelección de magistrados, y agregó que son necesarios proyectos que atiendan la alta desigualdad social que enfrenta el país.
“Yo les rogaría que también vean las necesidades de un Estado social que tiene años de estar paralizado, y esto que hablo no es comunismo. Esto está en la Constitución y en las disposiciones constitucionales”, manifestó.
“Ahora resulta que hablar del estado social es como ser de izquierda y creo que eso es un grave error. Hemos perdido un rumbo y por eso andamos como andamos”, añadió el magistrado.