La Fiscalía Anticorrupción pidió un sobreseimiento definitivo a favor de seis ejecutivos de la sociedad chino– costarricense Soresco, luego de que no se les lograra vincular con la posible administración fraudulenta y sustracción de $70 millones para construir una nueva refinadora en Moín, Limón.
Así lo confirmaron a La Nación la oficina de prensa del Ministerio Público y el abogado de tres de los investigados, Francisco Dall’Anese Ruiz, este viernes.
El expediente 12–000127–0621–PE, en el cual se agrupa la investigación de este caso, fue remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el 26 de mayo anterior.
“Tras varias diligencias investigativas, el informe económico no aportó evidencia que pudiera vincular a las personas que venían siendo investigadas con los hechos”, precisó la institución.
Se intentó conocer si el Juzgado ya había tomado una decisión al respecto, pero hasta las 5 p. m. no se había recibido respuesta.
A finales del 2018, cinco personas fueron detenidas como sospechosos de una serie de irregularidades. Uno más se presentó ante la Fiscalía días después.
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Ellos responden a los apellidos Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, González Fonseca, Edward Early, Ulate Padget y Xu, esta última de nacionalidad china.
Los tres últimos son los representados por Dall’Anese Ruiz, quien precisó que, en términos generales, no se logró establecer la existencia de ningún delito.
“Terminada la investigación se pidió el sobreseimiento de todos los investigados”, afirmó el litigante.
Agregó que, en este momento, no podía profundizar en el caso, esto en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
El caso
Soresco fue creada en el 2009, durante la administración de Óscar Arias Sánchez. Sin embargo, el proyecto de la nueva refinería fue frenado en el 2013, con la advertencia de la Contraloría General de la República (CGR) de que el estudio de factibilidad había sido realizado por una empresa vinculada a la socia china.
Desde entonces, el plan quedó varado, pero los gastos en la firma persistieron, debido al pago de salarios e instalaciones. Aunque la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) trató de frenar las erogaciones en aquel momento, su intento no prosperó.
Paralelamente, desde 2012 la Fiscalía abrió una investigación para determinar la existencia o no de irregularidades. Un año después se hizo un allanamiento en ambas instituciones y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pero luego hubo que esperar hasta el 2017 para que la investigación avanzara.
En ese año, se autorizó el levantamiento del secreto bancario, el cual permitió realizar varios allanamientos de noviembre del 2018.
Para aquel momento la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, explicó que el caso se trataba “de una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos de Recope a la hora de crear una empresa con China”.
Según palabras de la jerarca, quien se acogerá a su jubilación el próximo 25 de agosto, supuestamente, los $100 millones aportados por Recope y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC), en partes iguales para crear la empresa Soresco, no fueron utilizados para los fines planteados inicialmente, que contemplaban que esa firma se encargaría de construir y operar la refinería.
Inicialmente los investigados cumplieron medidas cautelares, pero en julio del 2019 quedaron en libertad, aunque apegados al proceso.
Arbitraje
Asimismo, para disolver la empresa Soresco sin pagar ningún tipo de indemnización, Costa Rica fue parte de un arbitraje internacional que finalmente ganó.
La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, domiciliada en Londres, dio su veredicto en una notificación del 28 de octubre del 2019.
Con esto, el país no tuvo que pagarle nada a la firma CNPC, la cual pretendía obtener un pago de parte del Estado costarricense.
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Información actualizada a las 6:06 p. m. con más datos.