Un sexto imputado por presuntas irregularidades en el contrato fallido para construir una refinería china en Limón, se presentó este martes ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) para ser indagado.
Según confirmó el Ministerio Público, se trata de un hombre de apellidos González Fonseca, de 70 años, quien no había sido ubicado por las autoridades.
Este mismo martes, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública le impuso a González el impedimento de salida del país, entregar su pasaporte, presentarse a firmar una vez al mes y prohibición de acercarse a testigos o imputados en la causa.
Todas estas medidas cautelares rigen por un periodo de seis meses.
González ocupó la vicepresidencia de la empresa Soresco entre el 2008 -2009. Esta era la firma que se constituyó para construir y operar la refinería.
Además de éste, otros cinco imputados apellidados Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, Edward Early, Ulate Padget y Xu (chino), empleados de la sociedad chino-costarricense Soresco, cumplen las medidas cautelares desde el pasado 21 de noviembre, luego de su aprehensión el día anterior.
A todos se les investiga por el presunto delito de peculado, a raíz de un acuerdo de cooperación suscrito entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y una empresa estatal de la República China, para remodelar las instalaciones de la refinería ubicada en Moín, Limón.
Según Emilia Navas, fiscala general, supuestamente los $100 millones aportados por Recope y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC) para crear la empresa Soresco no fueron utilizados para los fines planteados inicialmente.
“Pese a que fue constituida (la empresa Soresco) para presuntamente arreglar las instalaciones de Recope en Moín, para ponerlas a funcionar, los dineros puestos por el Estado fueron sustraídos por estas personas y nunca se llevó a cabo el objetivo”, afirmó la jefa del Ministerio Público.
Para la Fiscalía, la cifra sustraída es de $70 millones, que fue el dinero gastado del capital aportado por las firmas socias.
Aunque las pesquisas iniciaron desde 2012, fue hasta el año pasado que las investigaciones avanzaron. El levantamiento del secreto bancario permitió establecer las acciones contra los sospechosos.
La causa avanza dentro de la etapa preparatoria, con la recolección y análisis de pruebas; esta es privada para personas ajenas al proceso, según al artículo 295 del Código Procesal Penal.