La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción terminó de indagar a un grupo de 45 personas relacionadas con presunta corrupción en obras viales, conocido como Caso Cochinilla, a las cuales no fue necesario detener en los 57 allanamientos del pasado 14 de junio.
Se trata de funcionarios públicos y privados, así como dos particulares sin vinculación a empresas.
A todos ellos se les dejó libres debido a que la Fiscalía determinó que no habían peligros procesales en riesgo. Según ese ente judicial, los 45 hombres y mujeres se presentaron a declarar puntualmente al ser citados.
Entre ellos están 12 funcionarios del Conavi, tres del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el resto son de empresas privadas como Meco, H Solís, Constructora El Guarco, Constructora Santa Elena de Poás y Contralasa S. A., entre otras.
Los delitos por los que se les investiga son cohecho propio, penalidad del corruptor en modalidad de cohecho propio, falsificación de documento privado, estafa y falsificación de registros contables.
Este grupo se suma a otras 30 personas que fueron aprehendidas durante los allanamientos simultáneos de junio y que fueron indagadas en días posteriores.
Hasta el momento, de las 75 personas indagadas, solamente dos descuentan pena de cárcel. Se trata de la empresaria Mélida Solís Vargas, de 61 años, dueña de la constructora H Solís y Carlos Cerdas Araya, de 61 años, gerente de la constructora MECO.
Contra ellos la Fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda señalara, tras una apelación del ente fiscal, la ineficacia de las fianzas que les aceptó una jueza el 27 de junio.
Mélida Solís ingresó al Centro de Atención Institucional Vilma Curling el 19 de julio, mientras que Carlos Cerdas tuvo que esperar en celdas del OIJ durante tres días y fue el 22 de julio cuando se le trasladó a una cárcel de Adaptación Social en San Rafael de Alajuela.
Una vez que ambos cumplan tres meses de prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de revisión de esa medida cautelar, que es la más gravosa.
Empresas también
De acuerdo con el fiscal adjunto de probidad, Glenn Calvo Céspedes, en la fase recién concluida también se llamó a representantes, apoderados o al agente residente de 12 empresas privadas a las que se investiga en el Caso Cochinilla.
Además de las constructoras MECO y H Solís, aparecen otras como Also Frutales, Ingeniería de Pavimentos S. A. (L.G.C.), Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S. A. (Cacisa), Montedes y Constructora Herrera S. A.
A los representantes de esas empresas se les informó sobre los hechos que contra ellos se están tramitando y las eventuales pruebas en su contra. También se les indicó que participan con los mismos derechos y responsabilidades que el resto de imputados.
El Caso Cochinilla es el primero en el que se citan empresas privadas con base en una recién aprobada ley de personas jurídicas.
El origen de este hecho obedece a presuntos delitos con obras viales que, solo entre el 2018 y los primeros seis meses del 2020, generaron la aparente malversación de ¢78.000 millones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El fiscal adjunto informó de que ahora entran a una fase ardua y un poco más científica, que tiene que ver con el análisis de las pruebas tecnológicas, donde se escudriñan celulares, computadoras, respaldos informáticos y otros bienes decomisados en junio.
A esa labor, que comienza este mes de setiembre, se unen peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los cuales también ayudan en los peritajes de informes económicos.
Si durante el análisis de las intervenciones telefónicas aparecen indicios sobre otros delitos que no están relacionados con corrupción, se apartan y se le entregan a la fiscalía especializada o territorial para la respectiva indagación, dijo Calvo.