Las escuchas telefónicas que realizó la Policía por el ya conocido Caso Cochinilla permitieron a las autoridades conocer sobre las presuntas dádivas que la constructora MECO estaba entregando a varios alcaldes, en diferentes localidades del país, a cambio de que los favorecieran con millonarios contratos de obras públicas. A raíz de esas intervenciones es que comienza la investigación paralela, denominada Operación Diamante, y que culminó este lunes con la detención de seis jerarcas municipales.
Se trata de Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú), Alberto Cole de León (Osa) y Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Los otros municipios intervenidos son los de Siquirres y Golfito, cuyos jerarcas no fueron apresados. A ellos se les vincula con los delitos de tráfico de influencia, cohecho, malversación de fondos, incumplimiento de deberes, asociación ilícita, penalidad del corruptor y otros.
En la solicitud de intervención de las comunicaciones que hace el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 20 de enero del 2021, se explica que, durante el análisis de la información recabada de las escuchas telefónicas de Cochinilla, salieron a relucir estos aparentes hechos ilegales. Involucraban, según el informe del OIJ, a alcaldes en ejercicio, así como otros que ya habían dejado el cargo tras las elecciones municipales.
Como parte de los datos extraídos de esas conversaciones grabadas en el expediente anterior, las autoridades detectaron que los carteles se realizaban de acuerdo a los requerimientos de la empresa MECO y no así de la necesidad propia del proyecto o la satisfacción del interés público. Esa situación, aseguró la Policía, dejaba en desventaja a los demás concursantes ya que solo MECO cumplía con los requisitos estipulados.
Por ello, el 14 de diciembre del 2020 se solicitó ante el Juzgado Penal de Hacienda la declaratoria de procedimiento especial, siendo que el 28 de ese mismo mes la jueza Juliana Jiménez declaró el caso Diamante como Delincuencia Organizada. Así las cosas, el 3 de febrero les autorizaron las intervenciones telefónicas por un plazo de tres meses, hasta el 3 de mayo .
Resultados preliminares
Pasado el tiempo otorgado por la autoridad jurisdiccional, los investigadores solicitaron una prórroga de estas escuchas por tres meses más (hasta el 3 de agosto) ya que, según justificaron, las que realizaron durante el periodo anterior dieron fuertes resultados, entre los cuales destacan que en apariencia Johnny Araya favoreció a MECO con la licitación 2020LN-000007-0015499999, referente a la construcción de la calle 78, en Rohrmoser, por ¢394 millones.
También permitió descubrir que, en febrero del 2021, supuestamente Araya pidió favores a Taciano Lemos, director del Hospital Calderón Guardia, para que operaran del corazón a un regidor amigo suyo, de apellidos Zamora Cordero. Él fue operado dos días después de la gestión del alcalde.
Asimismo, la Policía descubrió que supuestamente Araya se alió con los regidores Zamora Cordero, Barrantes Villarreal y Cano Castro para que ellos votaran favorablemente las propuestas que eran presentadas ante el Concejo Municipal y que eran de sumo interés para el alcalde. Ejemplo de esto, agregaron los investigadores, es la aprobación del presupuesto extraordinario que fue votado por los regidores en cuestión y que fue promovido por Araya.
Otro de los hallazgos es que, supuestamente, MECO le financió de manera ilegal la campaña política a Mario Redondo a efectos de garantizarse su elección como alcalde de la Municipalidad de Cartago y así tener por seguro la obtención de contratos de infraestructura vial. Entre los proyectos investigados está la Red Vial Cantonal de Cartago, valorado en ¢756 millones, así como el de Embellecimiento de la Ciudad de Cartago.
LEA MÁS: MECO financió campañas de alcaldes Mario Redondo y Alberto Cole, dice Fiscalía
Entonces, a raíz de estos y otros descubrimientos que vuelven al Juzgado a solicitar una prórroga de las intervenciones telefónicas, las cuales les permitieron continuar amarrando la investigación y así proceder con las capturas este lunes.
Organigrama de estructura ‘criminal’
En el expediente, las autoridades tienen bien definidas quiénes son las personas que presuntamente conforman esta organización y cuál es su función. En adelante, se detallará lo que dice el legajo sobre estas personas:
* Carlos Cerdas Araya: dueño de MECO, es considerado el líder. Es la persona que direcciona las órdenes en grupo. También aprueba en algunos casos los pagos, pues es quien posee un considerable ingreso económico, al punto de que es considerado una de las personas con mayor patrimonio del país.
* Abel Eduardo González Carballo: Gerente de Operaciones de MECO y cuñado de Cerdas. Es la persona de confianza del cabecilla al punto de que se encarga de realizar los enlaces dentro de las municipalidades y gestiona los pagos a los funcionarios públicos.
* Alejandro Bolaños Salazar: Gerente Comercial de MECO y representante legal. Realiza las asesorías legales a los funcionarios municipales y revisa los carteles para declarar infructuosos algunos procesos de licitación ya otorgados. Es otro hombre de confianza de Cerdas.
* Luis Fernando Gutiérrez Vargas: Gerente de Plantas de Asfalto de MECO. Tiene relación directa con el personal de las municipalidades; es decir, es el enlace entre la constructora y los municipios. En conjunto con González se ponen de acuerdo en la entrega de dádivas a funcionarios públicos.
* Sergio Alvarado Sánchez: Gerente de Proyectos de MECO. Debe acatar y ejecutar órdenes emanadas por González y Bolaños.
* Jonathan José Granados Castillo: Ingeniero de MECO. Debe acatar y ejecutar órdenes emanadas por González y Bolaños.