La Corte Plena, de manera simbólica, decidió sancionar de nuevo al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez. Esta vez lo castiga por interesarse en un recurso de casación que presentó el Movimiento Libertario contra una sentencia condenatoria por el delito de estafa.
Este lunes, al final de la discusión privada en la que se adoptó el acuerdo unánime, los magistrados consideraron que la acción ejecutada por el ex alto juez califica como una falta gravísima, cuya sanción es la separación del cargo.
Asimismo, la Corte ordenó un testimonio de piezas de toda las pruebas recabadas para que la Inspección Judicial determine si en este asunto Gamboa recibió la colaboración de funcionarios de la Sala Penal, suministrando algún tipo de información.
Iris Rocío Rojas fue la magistrada que se encargó de la investigación de este caso y la encargada de exponer a sus compañeros el resultado de la pesquisa.
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Consultado Celso Gamboa sobre esta nuevo castigo, dijo que no tenía nada que mencionar, pero que sí lamentaba que este tipo de sanciones se comuniquen primero a la prensa y no al interesado.
Gamboa, quien fue nombrado magistrado el 10 de febrero del 2016, fue cesado del cargo el 10 de abril de este año, cuando 39 diputados de la Asamblea Legislativa, en una votación pública y nominal, determinaron que supuestamente el alto juez penal se habría interesado indebidamente en asuntos judiciales de su amigo, el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Esta no es la primera vez que los altos jueces imponen sanciones simbólicas contra el exmagistrado Gamboa.
El 5 de junio se le impusieron dos meses de suspensión luego de analizar un informe de un viaje que Gamboa realizó a México en marzo del 2017. En aquel momento se le cuestionó, porque se observó al magistrado caminando de manera “tambaleante" en la terminal aérea.
Antecedente
La investigación administrativa contra Gamboa por el caso del Movimiento Libertario comenzó luego de una denuncia que interpuso la expresidenta de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal, el 13 de noviembre del año pasado.
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En apariencia, según la queja, el recurso de casación del Libertario debió ser conocido por el magistrado número dos, es decir en aquel momento por José Manuel Arroyo, o su sustituto. Sin embargo, el expediente terminó en manos de Gamboa, quien era el juez número tres. Ese cambio no fue registrado en el sistema informático que lleva la Sala Penal, como es usual.
Arias se enteró de lo sucedido el 27 de octubre del 2017, cuando el letrado de la Sala Tercera, Jeffrey Gonzaga, le entregó un informe detallado del camino que había recorrido el expediente sobre el recurso de casación presentado por el Movimiento Libertario.
La casación la había presentado el exdiputado Danilo Cubero y pretendía traerse abajo un fallo del Tribunal Penal de San José, que condenó al exvicepresidente del Libertario, Ronaldo Alfaro, a ocho años de prisión por un delito de estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Al tiempo que sancionó al partido al pago de ¢401 millones, como responsable solidario.
Según el Tribunal, Alfaro fue quien ideó un plan para estafar al TSE a la hora de cobrar el reembolso de los gastos de campaña, al incorporar 194 capacitaciones que nunca existieron.
El Movimiento Libertario le cobró al Tribunal de Elecciones facturas de una organización llamada Asociación Instituto Libertad y Progreso (ILPRO) y adjuntó listas de personas que habrían asistido a charlas ideológicas. No obstante, en el juicio, se comprobó que esas personas nunca participaron en tales cursos y que los instructores señalados tampoco los impartieron.
En noviembre del año anterior la Sala Tercera rechazó la casación y confirmó la condena por estafa al Movimiento Libertario.
Gamboa tiene pendiente otro asunto disciplinario que está en manos de la magistrada de la Sala Cuarta, Nancy Hernández.
Se trata de una posible ingerencia en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que eliminara el nombre de Johnny Araya Monge de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.