El decomiso de una libreta de anotaciones a un privado de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) Calle Real, en Liberia, Guanacaste, fue clave para que los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vincularan al supuesto sublíder de una banda asentada en Pérez Zeledón, a la que se le señala poraparente lavado de dinero, con el presunto delito de tráfico de drogas.
Según el expediente 19–000082–1322–PE, del que La Nación tiene copia, este sujeto, de apellidos Garro Núñez y conocido como Kalin, sería el único dentro del grupo regentado por otro individuo, apellidado Segura Angulo, que tendría relación con otro ilícito, aunque del 2019 a la fecha ningún cuerpo policial le ha decomisado estupefacientes.
En el documento de investigación del Caso Fénix se precisa que Garro “funge como sublíder de la organización criminal y encargado de la actividad narcotraficante girando instrucciones con respecto a esta actividad”.
Sobre la libreta de anotaciones, específicamente, la causa judicial explica que el 9 de julio del 2020 se allanó una celda del centro penal liberiano como parte de un operativo por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. En medio de esa diligencia, se le comisó a un reo, identificado como Mora Segura, el pequeño cuaderno, en el cual estaba anotado el teléfono de alias Kalin.
Para los investigadores esto “deja plasmado que el sujeto es conocido y posee ‘amistades’ dentro del mundo del tráfico de estupefacientes, ya que Mora es el líder de la organización criminal desarticulada por la Policía de Control de Drogas (PCD)”.
Medidas cautelares
Garro fue extraditado desde Panamá el martes anterior junto con Segura y otro hombre de apellidos Núñez Jiménez. Ellos fueron detenidos el 12 de abril en la ciudad canalera de Chiriquí, cuando la Policía Nacional de ese país desplegó una operación para detener a sospechosos de blanqueo de capitales.
Tras informar a Costa Rica de las captura, las autoridades de ambos países coordinaron el traslado a suelo tico de los sujetos, quienes desde el miércoles afrontaron la audiencia de solicitud de medidas cautelares por los cargos de lavado de dinero que les atribuye la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.
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Después de dos días de extensas exposiciones, tanto del Ministerio Público como de los defensores de los sospechosos, este viernes el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, les impuso seis meses de prisión preventiva a los tres hombres, mientras avanzan las pesquisas en su contra.
La medida cautelar es menor a la solicitada por la Fiscalía, que este jueves pidió un año de encarcelamiento temporal.
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Antecedentes
El Caso Fénix comenzó a investigarse cuando las autoridades recibieron una alerta financiera que ingresó en el 2019 a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en la cual se detallaba que estaba funcionando una organización que, en apariencia, se dedicaba al lavado de dinero por medio de múltiples negocios, entre ellos la ganadería, la venta de llantas, los lubricentros, las verdulerías, los bares y los restaurantes. El asunto se destapó porque uno de los integrantes de la banda registró “una conducta inusual en cuanto a los flujos de dinero”.
Luego de múltiples investigaciones que incluyeron intervenciones telefónicas y que fueron dirigidas por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, se logró identificar a 19 personas físicas, así como 19 personerías jurídicas como involucradas en el ilícito. Con base en esos datos, el 22 de febrero pasado se hizo un operativo para desarticular a la organización, que operaba principalmente en el cantón de Pérez Zeledón.
En la acción policial solo se detuvo a 10 de los presuntos integrantes del grupo; otros cuatro, considerados los principales implicados, se habían dado a la fuga. Durante los allanamientos se decomisó dinero en efectivo cuya suma asciende a ¢5.155 millones, entre dólares y colones, los cuales ocultaban principalmente en compartimentos fabricados en vehículos. También se les incautaron ¢941 millones derivados de la subasta del ganado confiscado a los miembros del grupo.