Después de apelar un sobreseimiento definitivo dictado en agosto del 2020, el Banco de Costa Rica (BCR) finalmente logró que sus argumentos fueran acogidos por el Juzgado Penal de Hacienda, el cual decidió elevar a juicio la causa contra su exsubgerente Guillermo Quesada Oviedo, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado y actos ilegales.
Sin embargo, en esta fase, solo la entidad bancaria figura como acusadora, ya que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual decidió hacerse a un lado. Así lo manifestó el ente acusador del Estado, por medio de su oficina de prensa, el cual detalló que “el proceso continúa únicamente con la querella, es decir, el Ministerio Público ya no es parte”.
El debate ya tiene fecha, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, detalló que este se realizará entre el 8 y el 11 de mayo del 2023, exactamente en un año y siete meses. Además, tomando en cuenta que este expediente es del 2016, serán siete años después de la apertura del caso que este se ventile públicamente.
José Pablo Badilla Villanueva, defensor de Quesada, considera que en este asunto no existían pruebas suficientes para llegar a un contradictorio; empero, cree que podrán demostrar que no hay argumentos para culpar al funcionario bancario por las supuestas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo a su hermano, la aprobación de una tarjeta corporativa a una empresa, el alquiler de un hotel y el traslado de una sucursal bancaria a un centro comercial alajuelense.
Se intentó obtener un criterio del BCR, que figura como querellante y actor civil, pero indicaron que en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece la privacidad para terceras personas del caso, no se van a referir. “Hasta que se lleve a cabo el juicio oral y público el procedimiento penal es confidencial, razón por la cual no debemos referirnos a los hechos investigados. Sin perjuicio de lo anterior, en apego del ordenamiento jurídico vigente colaboraremos con los Tribunales de Justicia para la averiguación de la verdad”, detallaron.
El caso en detalle
El 4 de agosto del 2020, la jueza Carla Bonilla Ballestero, del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, determinó que no se pudo comprobar que Quesada Oviedo incurriera en algún ilícito y dictó un sobreseimiento definitivo.
“Concluido el análisis de cada uno de los hechos denunciados y querellados, se tiene que al no lograr contarse con indicios que respalden la tesis de la parte querellante, pues existente insuficiencia probatoria para con ello, así como no lograr la configuración de los tipos penales querellados e investigados, lo que corresponde conforme a derecho es ordenar el sobreseimiento a favor del encartado”, precisa la sentencia de aquel momento, de la cual La Nación tiene copia.
Incluso el Ministerio Público había destacado en ese momento que “se investigaron los presuntos delitos de tráfico de influencias y autorización de actos indebidos; no obstante, durante esta etapa, no se contó con elementos probatorios suficientes y objetivos para demostrar que Quesada es responsable de los hechos que fueron denunciados en su contra. En razón de ello, este despacho solicitó que se ordenara el sobreseimiento definitivo de la causa”.
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Sin embargo, el banco objetó lo resuelto por Bonilla y en noviembre de ese mismo año el Tribunal de Apelación anuló el sobreseimiento. Ahora, continuará el debate en el 2023.
En el 2016, el BCR denunció penalmente al funcionario por considerar que el hombre incurrió en una serie de acciones que perjudicaron a la institución. De manera paralela, en marzo del 2018, Quesada presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con sede en Goicoechea, una demanda por ¢100 millones contra el banco por el daño moral causado con su despido en enero del 2016. Ese mismo año, pero en el mes de setiembre, él fue reinstalado en su cargo y, actualmente, ocupa un puesto gerencial en la institución. El proceso en esta instancia no tiene fecha.
Guillermo Quesada fue cesado del cargo de subgerente general del BCR el 8 de enero del 2016, sin responsabilidad patronal, cuando la Junta Directiva de la entidad lo encontró responsable de cuatro hechos que fueron considerados contrarios al Código de Ética Corporativo del Banco. Quesada impugnó esa medida, por lo que en setiembre del 2016, como medida cautelar, el Tribunal Contencioso ordenó al BCR restituirlo en su planilla, mientras se resuelve el asunto.
Al principio, la demanda de Quesada era contra el BCR y solidariamente contra los entonces directores: Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina, Alberto Raven, Mario Barrenechea, Paola Mora, Gustavo Arias y Ronald Solís: así como los asesores Fabián Volio y Mauro Murillo. Sin embargo, en la audiencia del 2018 Badilla anunció que iban a desistir de demandar a Segnini, Arguedas, Molina y Raven.
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