Tres adolescentes mueren baleados en una semana

Criminólogo explica factores que influyen en la participación de jóvenes en grupos criminales

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Tres menores de edad perdieron la vida atacados a balazos en apenas una semana. El miércoles por la noche se registró el suceso más reciente en el Boulevard del Sol etapa 3 de Barranca, Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue un adolescente de 16 años que, aproximadamente a la medianoche, se encontraba en la calle con otras personas cuando dos individuos se acercaron a pie y le dispararon. Era conocido como Culebra.

Los otros dos menores fallecidos en los últimos ocho días experimentaron circunstancias similares, pero en ubicaciones diferentes. El primero perdió la vida el miércoles 21 de febrero en Concepción de Alajuelita, San José. Según el OIJ, el joven de 16 años recibió cuatro disparos en la cabeza y falleció en el lugar.

En el segundo caso, ocurrió la noche del 26 de febrero en la vía pública de Ciruelas, en San Antonio de Alajuela, cuando un adolescente de 15 años recibió un disparo en la cabeza. Las primeras investigaciones indican que el ataque fue perpetrado por individuos a bordo de una motocicleta, quienes se aproximaron, dispararon contra el menor y luego huyeron del lugar.

El homicidio del adolescente en Barranca, elevó a siete los homicidios a menores de edad registrados en lo que va del 2024, lo que supera la cifra de seis casos registrados al mismo periodo del 2023. Por este último hecho no hay sospechosos identificados o detenidos.

Factores que influyen a que los menores ingresen a estructuras criminales

En una entrevista exclusiva con este medio, Gerardo Castaing, exjefe del OIJ, criminólogo e investigador, detalló que los recientes homicidios de menores de edad podrían estar vinculados al tráfico de drogas.

Según Castaing, los narcotraficantes encuentran fácil convencer a adolescentes en situaciones vulnerables para que se unan a grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

“Si a un menor le dicen: ‘vaya a trabajar a esa construcción y se gana ¢250.000 por mes’, pero el narco le paga ¢1 millón, lógicamente jamás se va a ir a la construcción. El menor se va para el otro lado”, ejemplificó el experto.

Castaing destacó que esta realidad es frecuente en numerosos cinturones de pobreza y criminalidad en Costa Rica. Además, destaca la influencia del entorno en el que crece el muchacho, así como el contenido que consumen en Internet o en series de televisión, que normalizan el narcotráfico y las muertes violentas.

“Cuando se desarrolla un negocio de venta de drogas, se convierte en una microempresa. Hay distintas funciones que desarrollan distintas personas para los narcotraficantes, la gente de más confianza es su misma familia”, comentó el criminólogo.

En muchos casos, según Castaing, los menores se ven involucrados en los negocios del narcotráfico desde sus propios hogares. Los padres, tíos o primos colocan a sus allegados menores para distribuir droga, y en algunos casos, esto culmina en la muerte del joven al enfrentarse a estructuras criminales que controlan territorios previamente.

Esta forma de criminalidad se torna compleja de abordar en los lugares donde se desarrolla, ya que, según Castaing, está normalizado que las personas y familias vendan droga al menudeo en áreas marginales. “La gente pobre está viendo a ver cómo subsiste. Así es como los narcotraficantes encuentran material humano para que trabajen con ellos”, agregó.

Por otro lado, el experto enfatizó en la importancia de las medidas preventivas primarias y secundarias respecto a la participación de menores en estructuras criminales.

“La prevención primaria evita que se cometan los delitos en este momento. Eso es responsabilidad de la Fuerza Pública, que está fallando por falta de presupuesto”, aseguró el investigador.

En cuanto a la prevención secundaria, tiene que ver con la creación de fuentes de trabajo y oportunidades en las zonas marginales, así como acciones efectivas por parte de entidades públicas como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación Pública (MEP). No obstante, aclaró que estas medidas secundarias, si se implementaran adecuadamente, mostrarían resultados a mediano y largo plazo.

Pequeños esfuerzos

El director regional de la Fuerza Pública en Puntarenas, Allan Obando, reconoce que parte de la criminalidad en esa provincia, especialmente en la zona central, se debe a la presencia de numerosas estructuras criminales que operan allí y que buscan reclutar menores en situaciones de vulnerabilidad para integrarlos a sus grupos delictivos.

Como medida de prevención frente a la ola de violencia que afecta esta región del Pacífico, Obando señala que los efectivos policiales están llevando a cabo charlas educativas en las escuelas y colegios para concienciar a los menores.

“Les proporcionamos programas para fortalecer los valores de estos niños y jóvenes, para abordarlos adecuadamente. También tenemos el programa de Ligas Atléticas. Estamos tratando de llegar a niños de hogares disfuncionales, diciéndoles que hay otra forma de vivir, que la educación es la clave para salir adelante. Ese es el trabajo que realiza la Fuerza Pública”, explicó.

Colaboró en esta información Yiren Altamirano.