¿Qué hacen los dirigentes del fútbol nacional ante las anomalías detectadas por la auditoría forense de la FIFA sobre el Mundial Femenino Sub-17 disputado en Costa Rica? ¿Qué piensan de lo ocurrido? ¿Tomarán medidas contra algún involucrado?
De momento son preguntas que tienen una única respuesta: esperar de brazos cruzados hasta que el Ministerio Público resuelva el caso, esto pese a que se descubrieron pagos mayores de lo pactado, contrataciones dudosas a proveedores y hasta préstamos a funcionarios de la Fedefútbol con dineros destinados a la competición del 2014.
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La Nación denunció las irregularidades que señaló el ente rector del fútbol mundial en su informe y ante esto se buscó la opinión de los asambleistas de la Federación Costarricense de Fútbol, pero los consultados eludieron referirse puntualmente al tema y a las maniobras a ejecutar.
Algunos aducen desconocimiento por no haber asistido a la reunión en la que se expuso el tema, mientras que otros apelan a la cláusula de confidencialidad que firmaron y que castiga con $50.000 a quien se manifieste. A los consultados les hicimos ver que no estábamos pidiendo que revelaran detalles de la auditoría, sino que opinaran sobre qué procede ante lo publicado por La Nación.
“Firmé la cláusula, así que tendría primero que averiguar qué consecuencias puedo tener o si al hacerse público el informe me exonera a mí de todo. Es un monto muy alto y esto lo hacen para asegurarse de que la gente no abra la boca”, manifestó Orlando Moreira de Herediano.
Sin embargo, el tema ya es de conocimiento público por lo expuesto por este medio y más allá que en la asamblea se votó por enviar el caso a instancias judiciales, no se siguió la sugerencia del Comité Ejecutivo de la Federación para trasladarlo también al Comité de Ética, órgano que puede tomar decisiones aún cuando no se demuestre ningún delito.
Los dirigentes tampoco ahondaron en casos de personas como Rafael Vargas, a quien relacionan con varios actos que dejan duda sobre lo ocurrido, como la transferencia de $172.000 a una empresa cuestionada por la fiscalía de Estados Unidos como parte del entramado de Jeffrey Webb para recibir sobornos. El pago se dio por la compra de 8.000 balones y 5.000 uniformes por los que nadie da razón en la Fedefútbol.
Igualmente, a Vargas le atañen “conflicto de intereses” con algunos proveedores.
“Don Rafael ha sido claro y ha manifestado que está abierto a cualquier investigación o revisión. Cuando se han tocado los temas él ha sido muy abierto, es lo único que puedo manifestar...De la asamblea donde se dio la lectura de la auditoria forense no puedo referirme al contenido de la misma y lo que sucedió en esa reunión”, agregó Luis Fernando Vargas de Cartaginés.
Despreocupación por el tema
La asamblea en la que se dio a conocer la auditoría forense que realizó la FIFA tuvo una participación raquítica, con tan solo 11 asambleistas presentes del total de 32, pese a que fueron convocados con más de un mes de anticipación. El ausentismo hace que dirigentes consultados por La Nación aleguen desconocimiento del tema.
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Este medio contactó por Unafut a Juan Luis Artavia de Pérez Zeledón, Noel Ferguson de Limón y Antonio Abasolo de Guadalupe, quienes señalaron que les fue imposible estar en la reunión y no tenían detalles para referirse a nada.
Mientras que Roy Barrantes de la Liga de Ascenso alegó que no logró llegar a la cita y por estar inmerso con Jicaral (club al que representa) en la lucha por ascender tampoco indagó más a fondo. Por su parte, Juan Carlos Román de Linafa afirmó que estaban dispuestos a asistir, pero no se les permitió por un error en el trámite de la firma para la cláusula.
“Como Linafa lamentablemente no pudimos estar presentes en el momento de la lectura del informe. Mandamos la nota con antelación, pero la secretaría no la presentó y nuestros asambleistas fueron sacados de la sala”, señaló Román.
Consultada al respecto la secretaria general de la Fedefútbol, Margarita Echeverría, explicó el contrato de confidencialidad debía ser firmado con antelación y que por eso se lo enviaron a los asambleistas desde el 28 de octubre del 2016, casi tres meses antes de la Asamblea.
Más allá de esa asamblea, Román se refirió a lo denunciado por La Nación: "Lo que estamos conociendo es lo que leemos ahora...Todo esto tiene implicaciones legales, no sé por qué en su momento, si la asamblea, lo vio optaron por no hacer nada".
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Con lo que respecta a Stewart Gómez, de fútbol playa, afirmó que recientemente asumió el cargo de asambleista y presidente de la liga, incluso, el otro representante aún no está inscrito. Gómez agregó que el anterior jerarca no firmó el documento y por lo mismo él no pudo hacerse presente. Ante esto recalca que “no tiene información”.
El desconocimiento aparece como un alegato para quienes no estuvieron presentes, pese a que se trataba de una de las asambleas más importes del fútbol nacional, catalogada así por miembros del Comité Ejecutivo.