Entiendo perfectamente que el gobierno y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes recibieron una brasa en lo que a la revisión técnica vehicular se refiere.
No era fácil tomar decisiones al respecto, y considero razonable dar un permiso de uso precario mientras se tramita un concurso público, pues es absolutamente cierto que una licitación pública internacional no es algo que pueda hacerse en pocos meses.
En lo que difiero, y me parece un grave error del gobierno, es en permitir la interrupción del servicio a partir del 15 de julio. La opción menos perjudicial para el Estado, usuarios y trabajadores era permitir a Riteve operar como permisionario mientras se realiza el concurso. En este caso, debió primar el interés público y la continuidad de la revisión.
La interrupción tendrá consecuencias institucionales y sociales muy serias, aunque sea solo durante dos meses; no obstante, estimo que el plazo podría ser mayor.
Primero, muchos trámites registrales van a paralizarse, pues el Registro Público depende de la información que le suministra el operador de la revisión técnica para inscripciones, cambios de características, etc., en virtud de normas legales y reglamentarias que así lo exigen.
El Registro no puede desaplicar esa normativa y posiblemente se produzca un caos debido a los muchísimos trámites que quedarán pendientes.
Segundo, si bien la prórroga aplaza las inspecciones durante dos meses, nada garantiza que la selección del permisionario no se extienda.
Tampoco se indica qué pasará con las revisiones del transporte público, cuya calendarización es distinta.
Tercero, por las condiciones climáticas del país, dejar de utilizar los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos es un riesgo de deterioro o daño, por ejemplo, debido a la exposición a la humedad.
De igual forma, las instalaciones podrían deteriorarse si no se les da mantenimiento durante el período de desocupación, que podría alargarse.
Cuarto, dentro de esos posibles daños están el robo y vandalismo a que se exponen las estaciones cuando Riteve las abandone el 15 de julio, de no tener a disposición personal de seguridad para la vigilancia continua.
Considero que la consecuencia más grave de la interrupción del servicio se relaciona con el factor humano y social: a menudo olvidamos que de la revisión técnica no dependen solamente las 500 familias de los trabajadores directos de Riteve, sino también miles más que prestan servicios indirectos o ganan su sustento en actividades relacionadas, entre los que cabe citar personal de seguridad, limpieza y mantenimiento; personas que prestan servicios al personal y clientes; propietarios y trabajadores de talleres de reparación y venta de repuestos, importadores de vehículos, etc.
Serán dos meses de cese de trabajo para estos cientos o miles de personas, con las gravísimas consecuencias sociales que ello implica.
Para la empresa que finalmente se haga cargo del servicio en unos dos o tres meses —si no es Riteve—, el corte resultará totalmente inconveniente.
Una parte del personal capacitado y experimentado que está laborando se habrá dispersado hacia otras actividades para procurar el sustento de sus familias, lo que tornará el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal especialmente complicado y lento.
Esto no sucedería si se propicia una transición fluida y coordinada entre Riteve y la nueva empresa operadora.
No veo fácil que en dos meses se lleve a cabo lo necesario para el concurso, análisis y selección del prestatario, y que la empresa escogida se organice, realice labores de mantenimiento de instalaciones y equipos —después de semanas o meses de desuso—, haga tareas básicas de comprobación metrológica de los equipos, contrate unas 500 personas y comience a operar.
Creo, por tanto, que la mejor opción habría sido otorgar un permiso temporal de uso precario a Riteve para que mantuviera la continuidad del servicio. Guardo la esperanza de que el gobierno reconsidere.
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El autor es abogado y fue gerente de Riteve SyC.